Desacuerdo. El sector empresarial expresó su rechazo al reajuste dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo, encabezado por Santiago Peña.
Advertencia. Sostienen que el incremento por encima de la inflación afecta la previsibilidad, la inversión y la competitividad.
El aumento del 5% del salario mínimo legal vigente, oficializado mediante el Decreto N° 6225, generó un fuerte rechazo en distintos gremios empresariales, que cuestionan tanto el porcentaje aplicado como el mecanismo utilizado para su aprobación.
Desde el sector privado señalan que la decisión se tomó sin respetar criterios técnicos vinculados al índice de inflación, lo que —según afirman— introduce incertidumbre en la planificación de inversiones y en la operativa de las empresas.
La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) sostuvo que el principal problema no es únicamente el monto del reajuste, sino el hecho de que se haya definido por decreto. A su criterio, esto abre la puerta a decisiones discrecionales que debilitan la estabilidad de las reglas económicas.
El gremio advirtió que, aunque el aumento actual es del 5%, la falta de criterios claros podría derivar en futuros incrementos más elevados sin previsibilidad para el sector productivo. También recordó que el reajuste supera la inflación interanual, ubicada en 2,4%, lo que —según sus datos— obliga a las empresas a recalcular costos y dificulta la planificación a largo plazo.
En esa línea, alertaron que el salario mínimo en Paraguay ya se encuentra en niveles altos dentro de la región, lo que podría afectar la competitividad frente a países vecinos como Brasil.
Críticas desde mipymes e industria
El presidente de la Federación de Mipymes, Luis Tavella, calificó la medida como preocupante, señalando que el impacto no se limita al salario, sino que también alcanza aguinaldos, indemnizaciones y aportes sociales. Incluso planteó la necesidad de revisar el rol del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) si las decisiones continuarán tomándose por decreto.
Por su parte, el titular de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Enrique Duarte, también manifestó su desacuerdo y sostuvo que la medida afecta directamente la competitividad del país y no respeta los marcos institucionales establecidos.
Desde el Centro de Importadores del Paraguay, su presidente Iván Dumot cuestionó la falta de base técnica en la decisión y advirtió que este tipo de anuncios puede debilitar la confianza de inversionistas extranjeros, al considerar que se prioriza el impacto político por encima de criterios económicos.
Rechazo de sectores sindicales
En paralelo, centrales obreras también expresaron su desacuerdo, al considerar insuficiente el aumento del 5%, que no compensa la pérdida del poder adquisitivo ni el pedido sindical de incrementos mayores.
Dirigentes sindicales afirmaron que el reajuste no refleja el costo real de vida y criticaron la forma en que se comunicó la medida. Además, anunciaron la posibilidad de impulsar acciones gremiales, incluyendo un congreso de trabajadores para definir medidas de fuerza, una eventual denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la presentación de una iniciativa legislativa para modificar el sistema de cálculo del salario mínimo.
El salario mínimo actualizado quedó fijado en G. 3.044.000, con un incremento de G. 144.952 a partir de julio.
