El próximo 31 de agosto de 2026, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos iniciará el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otras diez personas. La causa, conocida como “Tía Chela”, es una de las dos principales acusaciones del Ministerio Público que apuntan a un supuesto esquema de desvío de fondos municipales durante la pandemia de 2020, articulado —según la fiscalía— con su entonces entorno cercano, incluida su exnovia Emili Vanessa Florentín Páez y familiares de esta.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez atribuyen a Prieto los hechos de lesión de confianza y asociación criminal. Sostienen que, entre marzo y julio de 2020, encabezó un grupo de funcionarios que direccionó licitaciones por la vía de la excepción para beneficiar a proveedores vinculados, generando un perjuicio patrimonial estimado en alrededor de G. 2.130 millones (con montos de contrato que llegaron a G. 2.949 millones) por la adquisición de 25.000 kits de alimentos que, según la investigación, nunca se entregaron en la medida declarada.
Vanemi: la pieza central de las cadenas de facturas
La acusación fiscal detalla que Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria y representante de la ferretería/constructora Vanemi SA (también referida en algunos documentos como Vameni), actuó como la principal subproveedora de Tía Chela SRL. A través de facturas emitidas en abril de 2020, Vanemi habría sustentado operaciones por montos cercanos a los G. 700 millones (documentos precisan alrededor de G. 692 millones) hacia Tía Chela, formando parte de una cadena de compra-venta simulada destinada a justificar un stock de mercaderías inexistente.
La trazabilidad de inventarios y el análisis de facturas, según el Ministerio Público, revelaron el uso de documentos no auténticos provenientes de al menos cuatro subproveedores ficticios o de escasa capacidad real. Florentín Páez, quien posteriormente se desempeñó como asesora jurídica de la intendencia, aparece también vinculada al caso Tajy.
En el expediente Tajy, la fiscalía acusa un perjuicio de G. 306.188.500 por un pago irregular el 11 de junio de 2020 a la empresa unipersonal Tajy Servicios Generales, propiedad del difunto Buenaventura Morínigo, tío de Emili Vanessa Florentín. Vanemi habría emitido facturas por unos G. 276 millones hacia Tajy. El esquema, de acuerdo con la acusación, se apoyó en la simulación de provisión de insumos para panificados destinados a familias de escasos recursos, sin la correspondiente entrega efectiva de mercaderías.
Paralelamente, la investigación menciona otras contrataciones a empresas del entorno familiar, entre ellas Paraná Perforaciones.
La casa del Paraná Country Club
Uno de los elementos que la fiscalía destaca como indicio de enriquecimiento irregular es la adquisición, a través de Vanemi SA, de una vivienda valorada en USD 370.000 en el Paraná Country Club (Hernandarias). La operación se concretó entre finales de 2019 y el período de pandemia, cuando la actividad comercial se encontraba severamente restringida. La fiscalía subraya que las empresas vinculadas a la familia Florentín recibieron contrataciones millonarias desde el inicio de la gestión de Prieto (mayo de 2019), lo que habría permitido el pago de la propiedad incluso en cuotas en dólares durante 2020.
Prieto ha sostenido de manera reiterada que las causas en su contra responden a motivaciones políticas y que buscan frenar su proyección nacional. Tras su destitución por la Cámara de Diputados el 19 de agosto de 2025, el dirigente del movimiento Yo Creo ha mantenido una postura de confrontación con el sistema judicial y político, mientras enfrenta múltiples denuncias adicionales.
El camino hacia el banquillo
El proceso Tía Chela atravesó años de incidentes, recusaciones y apelaciones. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó sucesivas chicanas, y el Tribunal de Apelación confirmó la elevación a juicio. El debate oral, originalmente previsto para 2027, fue adelantado a pedido del Ministerio Público por razones de plazo razonable y volumen probatorio. Además de Prieto, enfrentan juicio oral funcionarios como Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas), Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán y el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos Britos, entre otros, junto a Emili Vanessa Florentín Páez.
El caso Tajy sigue un camino paralelo, con audiencia preliminar pendiente tras reiteradas dilaciones y con Prieto gozando de libertad ambulatoria bajo medidas (prohibición de salida del país y fianza real).
Las documentaciones, testimonios e informes de trazabilidad que integran la acusación fiscal buscan demostrar que los dos primeros grandes desfalcos de la administración esteña no solo generaron millonarios perjuicios a las arcas municipales, sino que beneficiaron de manera directa a un círculo reducido de leales y familiares. El juicio del 31 de agosto pondrá a prueba, en audiencia pública, la solidez de ese esquema que, según el Ministerio Público, se articuló “a tambor batiente” en plena crisis sanitaria.
