El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Santiago Peña, ha invertido USD 399 millones en la distribución de tierras como parte de un ambicioso proyecto de reforma agraria. Desde el 15 de agosto de 2023, cuando Peña asumió la presidencia, se han entregado 7.500 títulos de propiedad a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Un enfoque transformador en la reforma agraria
La distribución de 52.500 hectáreas bajo esta administración representa un aumento significativo en comparación con gobiernos anteriores. Según datos del Indert, el promedio histórico de entrega de títulos era de 927 por año, mientras que la gestión actual ha logrado aumentar esta cifra en un 600%.
El presidente Peña destacó que, por primera vez, la reforma agraria ha pasado del discurso a la acción, entregando títulos de propiedad como herramienta clave para fomentar el desarrollo rural y fortalecer la microeconomía en estas áreas.
Impacto económico y social
A precio de mercado, el valor de las tierras asciende a USD 399 millones, mientras que su valor en el marco de la reforma agraria, con un precio promedio de USD 500 por hectárea, se calcula en USD 26.55 millones. Este diferencial busca garantizar el acceso a tierras a familias campesinas en condiciones favorables.
El programa también incluye la reducción de tasas de interés para la compra de lotes, beneficiando especialmente a las mujeres. Las tasas, anteriormente del 12%, fueron eliminadas para mujeres y reducidas al 4% para hombres, facilitando el arraigo y la equidad de género en las zonas rurales.
Equidad de género y oportunidades
Históricamente, solo el 30% de los títulos se otorgaban a mujeres, pero la gestión actual del Indert ha invertido esta tendencia, alcanzando un 60% de títulos a nombre de mujeres. Esto no solo fomenta la inclusión social, sino que también reduce la morosidad en los pagos y refuerza el papel de las mujeres en el desarrollo comunitario.
Más allá de la tierra: beneficios adicionales
La formalización de títulos de propiedad permite a las familias campesinas acceder a servicios esenciales como viviendas sociales, energía eléctrica, escuelas y hospitales. Además, abre la puerta a financiamiento competitivo, aumentando la rentabilidad de las actividades productivas y fomentando el crecimiento económico en las colonias rurales.
Con estos avances, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la justicia social en el sector rural, consolidando a la reforma agraria como un eje fundamental de su gestión.
