El fiscal Carlomagno Alavarenga, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, encabezó dos allanamientos en las localidades de Vallemí y San Lázaro, tras denuncias presentadas por vecinos preocupados por la contaminación en la zona. Los procedimientos se llevaron a cabo en la cementera estatal INC y en la empresa privada CALPAR.
Los pobladores de Vallemí han señalado que la INC estaría contribuyendo a la polución ambiental al transportar materiales como carbón vegetal o Petcoke a través de zonas pobladas, lo que generaría serios problemas de salud y bienestar en la comunidad. Este material es fundamental en el proceso de producción de cemento, pero su manejo inadecuado ha sido motivo de protesta entre los habitantes locales.
Asimismo, la firma CALPAR fue intervenida debido a su actividad de producción diaria dentro de áreas urbanas, lo que también ha despertado críticas por parte de los residentes, quienes afirman que la operación de la empresa afecta la calidad del aire y el entorno en general.
El Ministerio Público investiga las posibles violaciones a las normativas ambientales, y el fiscal Alavarenga anunció que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de la población y el cumplimiento de las leyes ambientales en ambas empresas.
