El Ministerio Público imputó al exrector de la Universidad Sudamericana, Alejandrino Gonzalo Pedro Acuña Vázquez, por los presuntos hechos punibles de estafa y producción de documentos falsos. La investigación apunta a supuestas irregularidades en registros académicos que habrían permitido hacer figurar como estudiantes a personas que no cursaron ni aprobaron las carreras correspondientes. El caso tomó fuerza tras la condena del exsenador Hernán Rivas a ocho años de prisión por la falsedad de su título universitario de abogado.
La imputación fue presentada por el fiscal Julio Ortiz, quien sostiene que, durante la administración de Acuña Vázquez, entre los años 2009 y 2015, se habrían consignado datos que no se correspondían con la realidad en documentos y registros de la institución. Entre las presuntas irregularidades figuran la condición de estudiantes, la aprobación de asignaturas y la rendición de exámenes sin que existieran antecedentes académicos que respaldaran esa información.
VENTA DE LA UNIVERSIDAD Y PRESUNTO PERJUICIO
Otro aspecto central de la investigación guarda relación con la transferencia de la Universidad Sudamericana, concretada en octubre de 2015. Según la denuncia, Acuña Vázquez habría vendido la institución a sus actuales propietarios, José María Manzoni y Arturo Peralta Vierci, por G. 450 millones, sin advertir sobre las supuestas inconsistencias académicas y documentales.
Los nuevos propietarios denunciaron que tomaron conocimiento de las irregularidades a partir del caso de Hernán Rivas, situación que habría afectado la imagen de la casa de estudios y ocasionado pérdidas económicas. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, el escándalo habría provocado una disminución de alumnos, pérdida de clientes y cierre de filiales, generando un perjuicio patrimonial a los denunciantes.
La Fiscalía presume que el exrector habría buscado obtener un beneficio patrimonial indebido mediante la operación. No obstante, estos hechos forman parte de una investigación en curso y deberán ser acreditados en las instancias judiciales correspondientes.
EL ANTECEDENTE DE HERNÁN RIVAS
La causa se vincula directamente con la condena de ocho años de prisión impuesta al exdiputado y exsenador colorado Hernán David Rivas Román, por los hechos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, resolvió la condena por unanimidad. Durante el juicio se expusieron elementos que apuntaban a que Rivas figuraba como alumno de la Universidad Sudamericana entre 2009 y 2015, pese a que no habría cursado efectivamente la carrera de Derecho.
La presidenta del Tribunal describió al exlegislador como un “alumno fantasma”, al señalar la ausencia de rastros académicos, administrativos y contables que respaldaran su formación universitaria. También se mencionaron irregularidades relacionadas con la firma de su título profesional.
La sentencia contra Rivas se convirtió en un elemento clave para profundizar las investigaciones sobre la emisión de documentos académicos presuntamente irregulares y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder a otras personas vinculadas con la institución.
FISCALÍA SOLICITA SEIS MESES PARA INVESTIGAR
En el marco de la imputación contra Acuña Vázquez, el Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para avanzar con las diligencias investigativas. Asimismo, pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente para firmar el libro correspondiente.
La investigación deberá determinar el alcance de las presuntas irregularidades, las responsabilidades individuales y la eventual existencia de perjuicios económicos derivados de la operación de transferencia de la universidad.
La imputación no constituye una condena y el exrector mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su responsabilidad penal.
