El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de prisión para el exsenador Hernán David Rivas Román, durante los alegatos finales del juicio oral y público que enfrenta por la presunta producción mediata y utilización de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado.
La petición fue presentada este lunes por la Fiscalía, que sostiene que las pruebas producidas durante el juicio permitieron acreditar, según su acusación, las irregularidades atribuidas al exlegislador en relación con la documentación utilizada para demostrar su formación y condición profesional.
La fiscal Patricia Sánchez afirmó que, tras la etapa de producción de pruebas, la representación fiscal considera demostrados los hechos incluidos en la acusación. De acuerdo con su planteamiento, los documentos presentados como respaldo de la formación universitaria de Rivas no tendrían correspondencia con una trayectoria académica que pueda ser comprobada de manera consistente.
Cuestionamientos sobre su formación universitaria
Uno de los principales puntos expuestos por el Ministerio Público se relaciona con la trayectoria académica que Rivas habría desarrollado en la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana.
Según la acusación, el exsenador manifestó haber cursado sus estudios entre 2010 y 2015 y posteriormente haber presentado una tesis. Sin embargo, durante el juicio fueron analizados documentos, testimonios y otros elementos vinculados con su paso por la institución educativa.
La Fiscalía sostiene que existen inconsistencias entre la documentación presentada y los datos surgidos durante el proceso. Entre los documentos cuestionados se encuentran el certificado de estudios y el título de abogado, este último expedido en marzo de 2020 y posteriormente registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias.
Para los fiscales, estos documentos habrían servido como sustento para acreditar una condición profesional que, de acuerdo con la hipótesis acusatoria, no estaría respaldada por una trayectoria académica verificable.
También se cuestionó el uso de los documentos
Durante los alegatos, el fiscal Christian Benítez hizo referencia al supuesto uso posterior de la documentación para acreditar la condición de abogado de Rivas ante diferentes organismos públicos.
Uno de los aspectos destacados por la Fiscalía es la llegada del exlegislador al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), institución que incluso llegó a presidir durante su periodo como parlamentario.
Desde la perspectiva del Ministerio Público, la utilización de la documentación cuestionada tuvo consecuencias institucionales debido a que permitió acreditar oficialmente una condición profesional que forma parte de los requisitos para determinados cargos y funciones.
Asimismo, la Fiscalía solicitó que determinados testimonios producidos durante el juicio sean analizados en otra investigación, ante la posibilidad de que pudieran configurarse hechos relacionados con un presunto testimonio falso.
El Tribunal deberá definir la responsabilidad penal
El juicio oral y público se encuentra a cargo de un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo.
El colegiado continúa con la etapa de alegatos finales y tiene previsto avanzar hacia la conclusión del juicio durante esta semana.
El pedido de 12 años de prisión constituye la pretensión del Ministerio Público dentro del proceso. La responsabilidad penal de Hernán Rivas y la eventual aplicación de una pena deberán ser determinadas por el Tribunal de Sentencia, luego de valorar las pruebas incorporadas al juicio, los argumentos de la acusación y los planteamientos de la defensa.
Rivas mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
