El fiscal federal argentino Gerardo Pollicita dispuso la apertura de una investigación penal contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por un presunto caso de enriquecimiento ilícito relacionado con su desempeño al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un incremento significativo del patrimonio declarado por Tapia durante el período comprendido entre 2017 y 2024. Según el planteamiento, el patrimonio del dirigente habría aumentado alrededor de un 1.000% en esos años.
Como parte de las primeras medidas, el fiscal Pollicita solicitó las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia y un requerimiento de instrucción para avanzar con el análisis de sus bienes y movimientos económicos, a fin de determinar si existe correspondencia entre su evolución patrimonial y sus ingresos declarados.
Tapia llegó al Ceamse en 2014, cuando fue designado vicepresidente durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2024 asumió la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El Ceamse es una empresa pública de carácter mixto encargada de la gestión y disposición de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La denuncia se produce además en un contexto de conflictos entre Tofoni y Tapia. El empresario mantiene un enfrentamiento con el titular de la AFA luego de que la entidad futbolística decidiera cancelar un contrato relacionado con la organización de partidos amistosos de la selección argentina.
Por otra parte, Tapia también es objeto de otra investigación judicial por una presunta evasión fiscal, en una causa en la que están involucrados otros cuatro dirigentes de la AFA.
La apertura de la investigación no implica una declaración de culpabilidad. La Justicia deberá avanzar con el análisis de la documentación y determinar si existen elementos suficientes para acreditar las presuntas irregularidades denunciadas.
