La defensa de la senadora, encabezada por el abogado Óscar Tuma, impulsa una mediación privada con tres funcionarias que la denunciaron por presuntos descuentos de bonificaciones y exigencias de dinero. La legisladora deberá definir si renuncia o enfrenta un proceso de pérdida de investidura.
La senadora nacional Zenaida Delgado atraviesa un momento decisivo en el ámbito político y judicial, luego de las denuncias que la vinculan con un supuesto cobro de dinero a funcionarias. Su abogado defensor, Óscar Tuma, trabaja en una mediación privada con las denunciantes, mientras en el Congreso Nacional se analiza la posibilidad de impulsar un proceso de pérdida de investidura contra la legisladora.
Según explicó Tuma, la estrategia busca alcanzar un entendimiento entre las partes y evitar nuevas declaraciones públicas sobre aspectos privados del caso. La defensa mantiene conversaciones con Leonarda Vera, Lorena Gauto y Lidia González, quienes denunciaron presuntos descuentos mensuales de sus bonificaciones y supuestas exigencias de hasta G. 150 millones a cambio de nombramientos.
El abogado negó que la mediación contemple un acuerdo económico y señaló que las conversaciones se realizan con participación de las representantes legales de las funcionarias. No obstante, las denunciantes también deberán responder a las convocatorias que eventualmente realice el Ministerio Público en el marco de la investigación.
La pérdida de investidura, en el centro del debate
En paralelo, la situación política de Delgado será determinante para definir su permanencia en la Cámara Alta. Tuma sostuvo que, de avanzar un proceso de pérdida de investidura, deberá considerarse el artículo 201 de la Constitución Nacional, relacionado con la pérdida de investidura de los legisladores por el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
El defensor remarcó que la senadora no se encuentra imputada, según sus declaraciones, y argumentó que cualquier decisión debe sustentarse en elementos que acrediten los hechos denunciados. También señaló que el reglamento vigente del Senado establece 30 votos para la pérdida de investidura, requisito que considera aplicable al caso.
Como antecedentes, recordó las expulsiones de los exsenadores Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, y Javier Chaqueñito Vera, quienes perdieron sus bancas con 40 y 36 votos, respectivamente. También mencionó el caso de Kattya González, cuya salida del Senado en 2024 se concretó con 23 votos, en medio de cuestionamientos sobre la aplicación del reglamento interno.
La defensa recomienda acudir a la Fiscalía
Tuma manifestó que recomendó a Delgado ponerse a disposición del Ministerio Público, pese a contar con fueros parlamentarios. Asimismo, reconoció que, si se reúnen los votos necesarios para concretar la pérdida de investidura, la defensa de la legisladora podría tener escaso margen de incidencia en el resultado político.
En relación con las funcionarias denunciantes, el abogado sostuvo que la investigación debe analizar las circunstancias de los supuestos pagos y las responsabilidades que pudieran corresponder a cada una de las partes. Sus afirmaciones forman parte de la estrategia defensiva y no constituyen una determinación judicial sobre los hechos denunciados.
La senadora, quien ingresó al Congreso por el partido Cruzada Nacional y posteriormente se incorporó a Honor Colorado, había solicitado una semana para preparar su defensa y presentarse ante la Fiscalía. El pedido fue aceptado por 28 senadores, mientras que las legisladoras Yolanda Paredes y Lucía Mendoza votaron en contra.
La definición sobre el futuro de Delgado dependerá de las decisiones que adopte la propia legisladora, del respaldo político que logre reunir y del desarrollo de las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, las denuncias continúan bajo investigación y los hechos deberán ser esclarecidos por las instancias competentes.
