Integrantes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (Otep-SN) se movilizaron frente a la Contraloría General de la República, en Asunción, para cuestionar la difusión pública de nóminas de educadores presuntamente vinculados a irregularidades académicas.
La movilización se realizó este miércoles 28 de octubre, en rechazo a la publicación de listas con nombres de docentes cuyos títulos estarían bajo sospecha de falsedad o presentarían inconsistencias. Los manifestantes sostienen que esta exposición vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, garantías contempladas en el ordenamiento jurídico paraguayo.
Representantes del gremio cuestionaron el procedimiento utilizado por el organismo de control y denunciaron que los educadores afectados no habrían sido notificados previamente para presentar sus descargos, ejercer su derecho a réplica o aportar documentos que permitan aclarar las observaciones.
Como ejemplo de las presuntas inconsistencias, mencionaron el caso de una docente cuyo título fue señalado como irregular por corresponder supuestamente a una Licenciatura en Ciencias de la Educación, cuando, según la organización, su formación académica tiene énfasis en Ciencias Sociales. Para el gremio, esta situación evidencia la necesidad de revisar los datos antes de hacer públicos los nombres de los afectados.
Cerca de 1.000 títulos con inconsistencias
El reclamo surge luego de que la Contraloría General de la República difundiera un informe que identifica cerca de 1.000 títulos con inconsistencias. A esto se suman los antecedentes recopilados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que habría remitido al Ministerio Público información sobre unos 100.000 títulos sospechosos de contener datos falsos correspondientes al periodo 2023-2025.
Ante este escenario, los docentes aclararon que no se oponen a las investigaciones destinadas a detectar posibles irregularidades en la formación académica, sino a la difusión pública de identidades sin que, según sostienen, se hayan garantizado previamente los mecanismos de defensa correspondientes.
La organización reclama que cada caso sea analizado de manera individual y que las personas señaladas tengan la oportunidad de presentar sus documentos y aclarar las observaciones antes de que se establezcan conclusiones definitivas.
La controversia vuelve a poner en debate los mecanismos de verificación de títulos académicos en el país, así como la necesidad de conciliar el control de posibles fraudes con el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación y las garantías del debido proceso.
