Julián Vargas, exfuncionario municipal y actualmente vendedor ambulante en la Playa San José, realizó una denuncia pública ante nuestro medio, sobre presuntas irregularidades en la gestión del lugar. Según su testimonio, se le habría exigido el pago de 200.000 guaraníes por noche para poder operar legalmente en la zona, monto que excedería lo que normalmente se paga a la municipalidad (aproximadamente 150.000 guaraníes).
Vargas explicó que este cobro no era voluntario y que, al negarse en ocasiones, sufrió amenazas, persecución y acciones que incluyeron daños a sus pertenencias. “Hemos pasado días, semanas y meses para pagar impuestos, y aun así nos encontramos con esta extorsión”, indicó.
La denuncia pone sobre la mesa la necesidad de supervisar la gestión de los espacios públicos y garantizar un trato justo a los pequeños emprendedores, que sostienen parte de la actividad comercial de la playa.
Vargas y otros vendedores esperan que estas medidas permitan trabajar sin presiones indebidas y con la seguridad de cumplir con la normativa vigente, mientras que la municipalidad asegura su compromiso de regularizar los permisos y espacios de venta de manera transparente.
