La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) consideraron desproporcionada la sanción impuesta a la cadena de minimercados Biggie SA, pero destacaron la importancia de proteger al consumidor sin afectar el empleo ni la estabilidad económica.
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) informaron en conferencia de prensa la suspensión temporal de Biggie SA por vender productos vencidos y reetiquetados. La reapertura de los locales estará condicionada al retiro de los productos cuestionados, la reorganización de las góndolas y una inspección por parte de los entes reguladores.
POSTURA DE LA UIP
La UIP, en un comunicado, resaltó que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo. “Las fiscalizaciones son fundamentales para garantizar la calidad de productos, fortalecer la confianza del consumidor y fomentar la competencia justa”, afirmaron.
No obstante, la UIP abogó por sanciones equilibradas, con criterios proporcionales, enfoque correctivo y comunicación responsable, para evitar impactos negativos en el empleo, las inversiones y las cadenas de valor. El gremio enfatizó la necesidad de protocolos claros y procedimientos transparentes que protejan la salud pública, aseguren el cumplimiento normativo y promuevan la sostenibilidad empresarial.
POSICIÓN DE LA CAPASU
Por su lado, la Capasu advirtió sobre las consecuencias de una sanción desproporcionada, que afecta no solo la reputación de Biggie SA, sino también la economía nacional y miles de empleos. “Los incumplimientos deben ser sancionados con firmeza, pero las medidas deben ser transparentes y cautelosas para no comprometer la estabilidad comercial ni generar incertidumbre que desaliente inversiones”, indicaron.
Los supermercadistas subrayaron que Paraguay requiere normas que protejan a los consumidores, corrijan irregularidades y mantengan un entorno favorable para los negocios, sin poner en riesgo el empleo ni la confianza en el mercado.
Ambas instituciones coincidieron en la importancia de cumplir las normativas y proteger a los consumidores, pero instaron a que las sanciones sean justas, transparentes y orientadas a soluciones que preserven la estabilidad económica y el empleo.
OPINIÓN JURÍDICA
El ex presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, expresó su preocupación en la red social X sobre la suspensión de Biggie SA. “La suspensión a nivel nacional (Res. 326, art. 3) no es proporcional a las razones de Dinavisa. Dos actas y antecedentes de Sedeco no justifican cerrar toda la cadena. Es excesivo”, señaló.
Riera apuntó que, aunque el objetivo es proteger la salud pública, cerrar toda la cadena resulta una medida demasiado restrictiva, afectando productos y operaciones legítimas. “La Res. 326 no justifica la necesidad de una medida tan drástica ni demuestra que sea la más adecuada, pudiendo optarse por otras opciones. Esto podría derivar en un acto administrativo irregular”, concluyó.
Fuente: UH
