La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) continúa con su firme lucha contra las conexiones clandestinas en la región de Itapúa, llevando a cabo procedimientos coordinados con la Fiscalía. Uno de los casos más recientes involucró la intervención en un establecimiento de Mayor Otaño, donde se descubrió una conexión ilegal utilizada para una granja de criptominería, un negocio que requiere grandes cantidades de energía para operar.
El procedimiento se realizó el viernes pasado y resultó en la incautación de equipos de gran valor, incluyendo transformadores de alta capacidad, que habían sido modificados para satisfacer las enormes demandas energéticas de las operaciones ilícitas. Estos equipos fueron puestos bajo resguardo judicial mientras avanzan las investigaciones.
A lo largo de la semana también se intervino en otra granja de criptominería en Natalio, la cual había declarado una conexión legal para una industria metalúrgica. Sin embargo, tras la fiscalización, se descubrió que en realidad se trataba de una operación de minería de criptomonedas. Esto resultó en una multa por el uso inapropiado de tarifas industriales, que son considerablemente más bajas que las tarifas para consumo intensivo, a las que deben someterse estos tipos de operaciones.
El perjuicio económico para la ANDE y los vecinos de la zona es significativo. Según las autoridades, se estima que el robo de energía podría ascender a unos 20 millones de guaraníes diarios, lo que representa un daño mensual de aproximadamente 600 millones de guaraníes.
Uno de los mayores retos para la ANDE es la dificultad para detectar estas conexiones clandestinas, que suelen estar conectadas directamente a líneas troncales y requieren equipos de gran potencia, como transformadores de más de 1.000 KVA. A pesar de los esfuerzos, muchos de estos casos solo se logran identificar gracias a las denuncias de los vecinos, quienes alertan sobre ruidos molestos o fluctuaciones de tensión causadas por el funcionamiento de los equipos de refrigeración.
La ANDE sigue trabajando para desmantelar estas operaciones ilegales, y se hace un llamado a la ciudadanía a colaborar en la detección de estos delitos, que afectan tanto a la institución como a los usuarios regulares de energía eléctrica.
Un esfuerzo conjunto por la legalidad y la justicia energética.
