El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) expresó su preocupación y cuestionó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por los retrasos injustificados en el lanzamiento de la licitación internacional para adquirir máquinas de votación, un proyecto que implica una inversión de USD 93 millones (aproximadamente G. 730.980 millones al tipo de cambio actual).
La licitación, identificada como N° 1/2025 para la “Adquisición de máquinas de votación”, busca reemplazar el antiguo sistema de arrendamiento. Sin embargo, a pesar de que el TSJE presentó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) a la DNCP el pasado 13 de enero, tras cumplir con todos los requisitos legales, el proceso sigue sin avanzar. A 52 días de esa entrega, el llamado aún no aparece en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas debido a lo que el TSJE describe como “reiteradas retenciones” por parte de la DNCP.
En un comunicado oficial, el TSJE señaló que estas demoras afectan directamente la planificación de las elecciones municipales, cuyo proceso comenzará con las internas partidarias programadas para junio de 2026. “La excesiva dilatación obstaculiza el normal desarrollo del próximo proceso electoral”, afirmó la institución.
Un pliego basado en estudios y experiencia
El TSJE destacó que el PBC fue elaborado tras un exhaustivo análisis de mercado y con base en su propia experiencia en procesos electorales. Según la Justicia Electoral, el documento incluye requisitos “razonables y adecuados” tanto al tipo de adquisición como a las condiciones del mercado, buscando garantizar una competencia abierta y equitativa. Sin embargo, la DNCP sostiene que algunos de esos requisitos podrían ser “restrictivos, excluyentes o limitantes”, lo que ha generado un impasse.
El TSJE asegura haber respondido a todas las observaciones planteadas por Contrataciones Públicas, aportando justificaciones técnicas, legales y electorales. Incluso, en un esfuerzo por destrabar la situación, ayudó a realizar ajustes al pliego. No obstante, la DNCP mantiene su reticencia, lo que podría poner en riesgo la implementación de la Ley 6318/2019, que establece el uso del sistema de voto electrónico.
Riesgo para el cronograma electoral
La Justicia Electoral advierte que, de persistir esta postura, se compromete no solo el cronograma electoral, sino también el cumplimiento de la normativa vigente. “Si la DNCP se ratifica en no publicar el llamado, se pone en riesgo la aplicación de la ley que regula el voto electrónico”, subrayaron.
Contexto y antecedentes
El proyecto, valorado en USD 93 millones, forma parte de un plan prioritario del TSJE para modernizar el sistema electoral, dejando de lado otras iniciativas como reformas estructurales a favor de esta adquisición. La demora en el proceso licitatorio ha generado tensiones entre ambas instituciones, en un momento clave para garantizar la transparencia y eficiencia de las futuras elecciones.
