En el programa Tiempo Real, el abogado Rogelio Ríos abordó las controversias en torno al sistema de estacionamiento medido en Encarnación, destacando la falta de transparencia, irregularidades administrativas y el rol limitado de la gobernación frente a la autonomía municipal. A continuación, se resumen los puntos clave de la entrevista y sus implicancias.
Contexto del problema
El sistema de estacionamiento medido en Encarnación, gestionado por una empresa privada, ha generado malestar ciudadano debido a la opacidad en el manejo de multas y la falta de vinculación con la municipalidad. Según Ríos, la empresa cobra las multas directamente, pero no comparte información con la municipalidad, lo que crea un vacío administrativo. Los sistemas de ambas entidades no están integrados, y los ciudadanos enfrentan dificultades al intentar resolver sanciones, ya que la municipalidad desconoce los datos gestionados por la empresa.
Falta de transparencia y evasión fiscal
Un punto crítico señalado es que la empresa no emite facturas por los pagos, lo que podría constituir una evasión fiscal. Ríos sugirió que esto justificaría la intervención de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para investigar posibles irregularidades, incluyendo el lavado de activos. Además, la municipalidad no garantiza la protección de los datos personales de los usuarios, como patentes o domicilios, que son recolectados por la empresa sin un marco legal claro.
Rol de la gobernación y la junta departamental
Ríos explicó que la gobernación y la junta departamental tienen atribuciones limitadas, ya que la municipalidad es autónoma. Sin embargo, la junta puede pronunciarse sobre temas de interés departamental, como lo ha hecho en casos de impacto social, por ejemplo, el crimen de Fernanda en Caguazú. En este caso, la junta podría emitir un pronunciamiento no vinculante instando a la municipalidad a revisar el sistema de estacionamiento. Sin embargo, sin pruebas documentales sólidas, como las que podría presentar Contraloría Ciudadana, es poco probable que la municipalidad actúe.
Irregularidades contractuales y precedentes
La empresa encargada del estacionamiento medido, vinculada al consorcio que opera en Asunción, ha incumplido responsabilidades contractuales desde 2023, lo que podría considerarse un abandono de la concesión. En Asunción, problemas similares, como la falta de certificación de la aplicación y vulnerabilidades técnicas, llevaron a la rescisión del contrato. Ríos señaló que en Encarnación también sería posible rescindir el contrato por estas fallas.
Impacto en personas con discapacidad
Otro aspecto preocupante es la burocracia para que las personas con discapacidad accedan a la exención del pago de estacionamiento. Actualmente, deben presentar una solicitud formal al intendente, quien decide discrecionalmente. Ríos argumentó que, al ser la empresa la concesionaria del servicio, debería encargarse directamente de estos trámites, eliminando la intervención municipal innecesaria.
Demanda de intervención
La falta de confianza en la gestión municipal, agravada por estas irregularidades, ha llevado a pedidos de intervención. Contraloría Ciudadana ha sido un actor clave en la exigencia de transparencia, con mayor peso que la gobernación en este contexto. Ríos respaldó la idea de una auditoría integral por parte de la Contraloría General de la República para documentar las irregularidades y, de ser necesario, tramitar una intervención municipal.
La entrevista con Rogelio Ríos expone un sistema de estacionamiento medido plagado de problemas: desde la falta de transparencia y posible evasión fiscal hasta la desprotección de datos personales y la burocracia que afecta a grupos vulnerables. Aunque la gobernación tiene un rol limitado, la presión ciudadana y la acción de organismos como la Contraloría General podrían forzar cambios. La ciudadanía, respaldada por sus derechos constitucionales, tiene la vía abierta para exigir rendición de cuentas, pero se requiere una presentación formal y documentada para lograr avances concretos.
