La Fiscalía sospecha que el exdirector de la Penitenciaría de Máxima Seguridad Martín Mendoza, de Emboscada, Pablo González, habría tenido participación en el manejo irregular de teléfonos celulares utilizados por personas privadas de libertad. La investigación busca determinar si el exfuncionario ordenó hacer desaparecer estos dispositivos y si algunos de ellos fueron utilizados para continuar actividades delictivas desde el interior del penal.
La fiscal Fabiola Sosa brindó detalles sobre la causa que involucra a González, quien fue imputado por la supuesta frustración de la persecución y ejecución penal y actualmente cumple prisión preventiva. Las averiguaciones comenzaron tras la fuga de dos internos de la penitenciaría, cuando los investigadores detectaron que un funcionario se retiraba del establecimiento con un bolsón que contenía teléfonos celulares.
Según explicó la agente fiscal, durante los procedimientos fueron incautados 12 dispositivos tecnológicos, entre ellos 11 teléfonos celulares y una tablet, que habrían sido recolectados de distintos módulos del establecimiento penitenciario. A estos elementos se suman otros dispositivos entregados por el exdirector y los guardias que intervinieron durante el procedimiento, por lo que el total supera las 20 unidades.
Actualmente, los peritos trabajan en la extracción de información para identificar a los propietarios de los aparatos y determinar quiénes los utilizaban. La fiscal indicó que el proceso técnico podría demorar entre uno y dos meses, dependiendo de los modelos y las características de cada dispositivo.
Sosa aclaró que la tenencia de teléfonos celulares por parte de los internos no constituye, por sí sola, un hecho punible, aunque representa una infracción al reglamento penitenciario. Sin embargo, la investigación apunta a establecer por qué el entonces director conocía la presencia de estos aparatos y por qué habría permitido que permanecieran en poder de los reclusos.
En ese sentido, advirtió que, si las evidencias confirman que González habría proporcionado los dispositivos y que estos fueron utilizados para facilitar la continuidad de actividades criminales, podría ser considerado cómplice. Esta situación podría derivar en una ampliación de la imputación que actualmente enfrenta.
Presencia de internos vinculados a A Ultranza Py
Otro de los aspectos mencionados por la fiscal tiene relación con la identidad de los internos que presuntamente utilizaban los celulares. Entre ellos habría personas vinculadas al operativo A Ultranza Py, uno de los mayores procedimientos contra el crimen organizado y el narcotráfico en Paraguay.
Consultada sobre si los dispositivos incautados habrían sido utilizados por personas privadas de libertad como el pastor José Insfrán y Alexandre Gomes, Sosa no descartó esa posibilidad, aunque aclaró que será necesario aguardar los resultados de los peritajes para confirmar las identidades y el uso de los aparatos.
La representante del Ministerio Público también cuestionó la distribución de los internos dentro del establecimiento penitenciario. Señaló que en el Módulo 7 se encontraban personas consideradas de alta peligrosidad que, por su perfil, deberían estar alojadas en el Módulo 8, destinado a máxima seguridad.
Respecto a las condiciones dentro del penal, la fiscal manifestó que no encontraron las denominadas celdas VIP que anteriormente generaban cuestionamientos, aunque sí detectaron ciertos beneficios, como ventiladores y radios, que podrían representar privilegios dentro del régimen de máxima seguridad.
Explicó que las celdas no cuentan con enchufes, por lo que algunos internos habrían modificado los ventiladores para adaptarlos a sistemas de carga. Según la hipótesis expuesta, los dispositivos serían entregados a los guardias para que estos pudieran cargarlos.
La investigación fiscal continúa con el análisis de los teléfonos incautados y la recopilación de evidencias que permitan establecer el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados y determinar si existió una estructura que facilitaba el ingreso, la permanencia y el eventual uso de dispositivos electrónicos dentro de la penitenciaría.
