La Contraloría General de la República (CGR) concluyó las auditorías realizadas al Instituto de Previsión Social (IPS) y remitió al Ministerio Público un total de 18 reportes que contienen indicios de posibles hechos punibles. Los documentos abarcan distintas áreas de la institución, incluyendo la gestión financiera, adquisición de medicamentos, sistemas informáticos, pago de jubilaciones y procedimientos de contratación.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, dio a conocer los resultados durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el IPS y el Ministerio de Salud Pública. Según explicó, se trató de una de las auditorías más amplias realizadas a la previsional, debido a la cantidad de áreas y operaciones examinadas.
Benítez aclaró que los informes remitidos no representan una determinación de culpabilidad ni confirman la comisión de delitos, sino que contienen indicios detectados por los equipos auditores que deberán ser analizados por el Ministerio Público. Asimismo, indicó que no todos los reportes cuentan actualmente con un agente fiscal asignado.
Diferencias millonarias en registros de medicamentos
Entre los principales hallazgos, el contralor mencionó una diferencia de aproximadamente G. 623.000 millones entre los registros del Sistema de Información Hospitalaria y el sistema informático del IPS, relacionada con los medicamentos.
La inconsistencia obligó a la previsional a realizar una rectificación de su balance. Benítez cuestionó la falta de correspondencia entre ambos sistemas y sostuvo que el IPS necesita fortalecer sus herramientas tecnológicas para garantizar la trazabilidad de los medicamentos, desde su adquisición hasta la entrega a los asegurados.
También señaló que durante las verificaciones se identificaron gastos cercanos a USD 40 millones en sistemas informáticos que actualmente no funcionan o se encuentran desactualizados.
Cuestionamientos a pagos judiciales por USD 25 millones
Otro punto relevante de la auditoría guarda relación con la utilización del rubro 915, destinado al cumplimiento de órdenes judiciales.
Según explicó Benítez, se habría implementado un mecanismo mediante el cual, a través de la Asesoría Jurídica del IPS, se concretaban acuerdos privados con empresas proveedoras por contratos que ya habían vencido. Posteriormente, esos acuerdos eran homologados judicialmente y utilizados como fundamento para realizar los pagos con recursos destinados a gastos judiciales.
De acuerdo con el contralor, mediante este procedimiento se desembolsaron alrededor de USD 25 millones. Cuestionó que se recurriera a acuerdos privados para cancelar obligaciones vinculadas a contratos fenecidos, sin procesos competitivos de contratación ni mecanismos que garantizaran transparencia y mejores precios.
A su criterio, este sistema habría permitido evitar los procedimientos habituales de contratación pública, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes investiguen las operaciones.
Preocupación por la situación financiera del IPS
Durante su exposición, Benítez también advirtió sobre la situación financiera de la previsional y señaló que los ingresos provenientes de los aportes obrero-patronales ya no serían suficientes para cubrir el pago de las jubilaciones.
Explicó que actualmente se utilizan los intereses generados por las reservas para complementar esos compromisos, una práctica contemplada dentro del funcionamiento del fondo. Sin embargo, consideró fundamental realizar proyecciones financieras para determinar durante cuánto tiempo podrá sostenerse este esquema.
Asimismo, cuestionó las deficiencias en la gestión de cobro de los aportes patronales y sostuvo que la institución habría perdido importantes sumas de dinero por no iniciar oportunamente acciones para recuperar las deudas de los empleadores.
Indicó que algunas obligaciones prescribieron debido a la falta de reclamos dentro de los plazos legales, lo que actualmente impide exigir su cumplimiento.
Inversiones y control de las reservas
El titular de la Contraloría también se refirió al manejo del portafolio de inversiones del IPS y recordó que las decisiones financieras deben ajustarse a criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, además de respetar el principio de diversificación.
En ese sentido, sostuvo que los recursos de la previsional deben administrarse bajo parámetros que protejan las reservas y garanticen la sostenibilidad del sistema.
Finalmente, Benítez confirmó que las auditorías fueron concluidas y que los 18 reportes ya fueron remitidos al Ministerio Público para el análisis correspondiente.
Recordó que la Contraloría no tiene atribuciones para sancionar directamente a los eventuales responsables, por lo que corresponde a las instituciones competentes determinar si existen responsabilidades penales o administrativas.
Además, advirtió que el organismo de control podrá volver a auditar al IPS durante la próxima administración si las recomendaciones formuladas no son atendidas.
