La Contraloría General de la República (CGR) identificó serias inconsistencias en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de Eddie Ramón Jara Rojas, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), tras un exhaustivo análisis documental y financiero. El informe reúne seis observaciones que incluyen autoasignación de viáticos sin respaldo, depósitos en efectivo por montos elevados, transferencias desde cuentas de la estatal a su cuenta personal y un nivel de gastos que supera ampliamente los ingresos declarados.
Entre los hallazgos, la CGR señala pagos de viáticos por más de G. 103 millones para supuestos viajes oficiales al exterior, sin registros de salida ni de ingreso al país. Los desembolsos, autorizados entre 2016 y 2024, figuran con destinos como Bolivia, Uruguay, Argentina, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Al contrastar estos datos con la Dirección Nacional de Migraciones, no se encontraron evidencias que respalden dichos desplazamientos, por lo que se exige al funcionario aclarar si los fondos fueron utilizados, reprogramados o reintegrados al Estado. En uno de los casos, un viaje a Emiratos Árabes Unidos habría ocurrido antes de la firma de un contrato con la firma catarí Doha Holding, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, que hasta ahora no habría entregado combustible.
Depósitos en efectivo y transferencias desde Petropar
El órgano de control también detectó depósitos en efectivo por G. 1.001 millones en cuentas de Jara en los bancos Itaú y Basa, sin relación aparente con salarios, viáticos u otros ingresos declarados ante la administración tributaria. Según la CGR, el origen patrimonial de esos fondos carece de justificación documental suficiente.
Otro punto relevante es la existencia de transferencias mensuales ordenadas por Petropar desde su cuenta en el Banco Itaú a favor de Jara, acreditadas en su cuenta del Banco Basa, por un total de G. 496 millones. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 se registraron depósitos recurrentes de G. 20 millones, además de una operación excepcional de G. 36,7 millones. La Contraloría sostiene que estos montos no corresponden a salario ni a conceptos remunerativos habituales.
El informe agrega movimientos bancarios de alto valor en la cuenta de Jara en el Banco Itaú, con acreditaciones y débitos por G. 890 millones, G. 433 millones y G. 600 millones, realizados en plazos breves y sin documentación que permita determinar su origen o destino.
Para la CGR, el conjunto de depósitos en efectivo, transferencias desde la estatal y operaciones inusuales configura un patrón financiero incompatible con los ingresos formales conocidos del funcionario. Por ello, se le otorgó un plazo de diez días hábiles para presentar aclaraciones y respaldos.
Gastos que superan largamente los ingresos
El análisis de cuentas bancarias y consumos refuerza las inconsistencias. De la revisión de información remitida por los bancos Itaú, BNF, Basa y Banco Familiar, así como por Garden Automotores y el Club Social Centenario, se desprende que entre 2023 y 2025 Jara realizó erogaciones por más de G. 3.099 millones, frente a salarios verificados por G. 1.136 millones. El déficit acumulado ronda los G. 1.963 millones, lo que, según la CGR, sugiere la existencia de fuentes de financiamiento de origen desconocido.
Solo en 2024, los gastos superaron los ingresos en más de G. 1.039 millones, y en 2025 el descalce se aproxima a G. 960 millones. Además, se registraron transferencias desde su cuenta del Banco Basa a terceros por más de G. 1.152 millones, sin documentación que explique su naturaleza o destino económico.
“Cuentas a cobrar” millonarias sin respaldo
En la DJBR presentada el 3 de septiembre de 2023, Jara declaró G. 250 millones en efectivo y G. 3.500 millones en “cuentas a cobrar” por préstamos a terceros. Si bien presentó pagarés y notas explicativas por dos créditos principales —G. 2.800 millones y G. 700 millones—, la CGR concluyó que no existen respaldos financieros verificables que acrediten la disponibilidad previa de esos fondos.
El contraste con sus declaraciones impositivas es significativo: entre 2018 y 2023, la utilidad acumulada declarada asciende a G. 312 millones, muy por debajo del capital informado como efectivo y cuentas a cobrar. La diferencia patrimonial sin origen determinado alcanza G. 3.437 millones.
Inconsistencias en un inmueble y en el domicilio declarado
Finalmente, la Contraloría detectó variaciones en el valor declarado de un inmueble ubicado en el distrito de La Catedral (Asunción) en distintas DJBR, sin documentación registral que permita establecer con precisión el monto real de adquisición. A esto se suma que el domicilio particular declarado por el funcionario no coincide con el inmueble registrado como activo: la dirección utilizada ante bancos y otras entidades corresponde a un dúplex que no figura a su nombre ni como alquiler, lo que impide determinar la relación jurídica existente.
El informe concluye que las inconsistencias detectadas requieren aclaraciones inmediatas y documentación respaldatoria por parte del titular de Petropar.
