El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó este miércoles que la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) no modificará los requisitos de jubilación para el Personal de Blanco ni para la Administración Pública. La aclaración se produjo durante una reunión del equipo técnico del MEF, encabezado por el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, con representantes de la Federación Nacional de Enfermería (FENAE), que agrupa a 33 sindicatos de profesionales de la salud.
Durante el encuentro, los gremios expresaron su preocupación por posibles cambios legislativos que puedan afectar los parámetros vigentes para médicos, enfermeros y demás personal de la administración pública. En respuesta, las autoridades del MEF aseguraron que los regímenes actuales se mantienen, con edades efectivas de jubilación promedio de 61 a 63 años, consideradas técnicamente sostenibles. Para el sector de enfermería, los requisitos de jubilación ordinaria son de 55 años de edad y 25 años de servicio.
El MEF explicó que la reforma introduce edades mínimas únicamente para sectores que hoy carecen de este requisito, como el Magisterio Nacional, las Fuerzas Públicas y los Docentes Universitarios. Actualmente, estos grupos pueden acceder a la jubilación solo con un determinado número de años de aporte, lo que genera presión financiera sobre el sistema. Además, para los Magistrados Judiciales se propone elevar la edad mínima de 50 a 57 años, buscando mayor equidad.
Según el Ministerio, los déficits del Magisterio y los Docentes Universitarios se cubren con los excedentes del Programa Civil, mientras que las Fuerzas Públicas reciben financiamiento directo del Tesoro. De no implementarse la reforma, el déficit de la Caja Fiscal que en 2025 alcanzó unos USD 380 millones podría llegar a USD 800 millones anuales en los próximos cinco años.
El MEF instó a los gremios a acompañar la reforma, señalando que su objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y evitar que los desequilibrios afecten a todos los sectores y, finalmente, a la ciudadanía. El proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre de 2025 ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, buscando ordenar el régimen previsional del sector público y desincentivar los retiros anticipados.
