Joshua Abreu, titular de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay, explicó las limitaciones que se tiene en la supervisión de los bonos públicos, tras las irregularidades que saltaron en el uso de bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción.
Joshua Abreu, titular de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay, conversó con radio Monumental 1080 AM sobre el funcionamiento de la institución a su cargo y toda la situación que se generó por el uso irregular de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción.
“Nosotros somos supervisores por un lado y también somos una entidad de registro”, puntualizó.
Indicó que la Comisión Nacional de Valores tiene la responsabilidad de generar reglamentos para que toda la información esté accesible al público, permitiendo a los inversores tomar decisiones informadas basadas en el riesgo-
“En el caso de la Municipalidad, era una calificación de riesgo bastante alto, que era para inversores calificados”, señaló y precisó que no cualquier inversor puede invertir en estos bonos, sino solo aquellos calificados a través de una casa de bolsa.
En el caso de futuras emisiones de bonos, subrayó que se requiere una nueva calificación, un nuevo prospecto y un destino claro para los fondos.
“La superintendencia verifica si realmente fue invertido donde debería haber sido este caso”, expresó.
También mencionó que la Ley del Mercado de Valores, la 5810, en su artículo 9, limita la supervisión de la comisión a la inscripción de los títulos en el Registro del Mercado de Valores y la intermediación que se realiza.
“Nosotros no tenemos derecho de entrar a verificar el destino de los fondos a Hacienda, a otra entidad pública”, comentó.
Precisó que con las entidades públicas del Gobierno, solamente registran y supervisan las intermediaciones.
“Solo verificamos si la casa de bolsa colocó realmente a inversores calificados porque el Gobierno tiene un contralor y nosotros no tenemos derecho de entrar a verificar el destino de los fondos a otra entidad pública”, se explayó y adelantó que van a trabajar en una nueva Ley con muchas cuestiones que deben ir fortaleciendo.
A finales del mes de mayo, el Municipio presentó documentos a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la emisión de bonos y negaron un desvío de G. 500.000 millones. Justificaron su uso en pago de salarios y en costos operativos.
Fuente: UH