La investigación por el presunto esquema de lesión de confianza y desfalco superior a los G. 60.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) continúa avanzando, mientras el Ministerio Público analiza nuevas líneas de responsabilidad y no descarta ampliar la lista de imputados.
El fiscal Julio Ortiz, encargado de la causa, confirmó que seis de los nueve procesados ya cuentan con medidas alternativas a la prisión, luego de presentarse ante la Justicia. Entre ellos se encuentra el expresidente del IPS, Jorge Brítez, mientras que la Fiscalía mantiene como prioridad la recuperación del dinero presuntamente perjudicado mediante embargos preventivos de bienes.
Ortiz explicó que el objetivo del proceso no solo apunta a determinar responsabilidades penales, sino también a garantizar que, en caso de una condena, el patrimonio afectado pueda ser recuperado para la institución previsional.
“Buscamos el embargo de bienes para que, si existe una condena, el IPS pueda recuperar lo que fue perjudicado”, señaló el agente fiscal, al referirse a la estrategia judicial aplicada en la causa.
SITUACIÓN DE VICENTE BATAGLIA
Uno de los principales involucrados en la investigación es el expresidente del IPS, Vicente Bataglia, quien actualmente se encuentra fuera del país. La Fiscalía confirmó que existe una orden de detención en su contra y advirtió que, si no retorna voluntariamente, podría ser declarado en rebeldía.
El fiscal Ortiz indicó que, en caso de que Bataglia no se presente ante la Justicia paraguaya, se evaluará incluso solicitar una captura internacional para garantizar su comparecencia.
Según la investigación, Bataglia habría tenido una participación inicial en el proceso cuestionado al firmar adendas que extendieron contratos y permitieron desembolsos millonarios relacionados con un proyecto de quirófano modular que finalmente nunca fue concluido.
QUIRÓFANO MODULAR: EL CENTRO DE LA CAUSA
La investigación tiene como eje principal la fallida construcción e instalación de un quirófano modular adjudicado en el año 2020. Pese a los pagos realizados y las modificaciones contractuales aprobadas durante las administraciones de Bataglia y Brítez, la obra no llegó a concretarse.
“Hay una licitación, hay pagos ejecutados y no hay obra. Pasaron seis años y el quirófano modular no existe”, sostuvo Ortiz.
Además, la Fiscalía señala que equipos médicos vinculados al proyecto permanecieron durante años expuestos a la intemperie, generando deterioro y costos adicionales para la previsional.
CONSEJEROS DEL IPS EN LA MIRA
El Ministerio Público también analiza el posible grado de responsabilidad de los integrantes del Consejo de Administración del IPS que participaron en la aprobación de las adendas cuestionadas.
Ortiz informó que solicitó oficialmente las actas de las sesiones del Consejo para revisar las votaciones y determinar si existen elementos que ameriten nuevas imputaciones.
El fiscal advirtió que, si la institución no entrega la documentación requerida, acudirá personalmente hasta la sede central del IPS para incautar los archivos.
“Cuando tenga los documentos y vea el tenor de las votaciones, voy a estar ampliando la imputación”, afirmó.
La Fiscalía sostiene que la causa se encuentra en una etapa inicial y que podrían surgir nuevas responsabilidades a medida que avance el análisis de documentos y evidencias relacionadas con el millonario perjuicio a la institución.
