El Ministerio Público avanza en la investigación por las presuntas irregularidades en la construcción de quirófanos modulares del Instituto de Previsión Social (IPS), un caso que habría ocasionado un perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones.
El fiscal Julio Ortiz convocó a declaración indagatoria al expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez Acosta, para el viernes 4 de septiembre a las 08:00. El ex titular de la previsional se encuentra procesado por el supuesto hecho de lesión de confianza y cumple medidas bajo libertad ambulatoria.
La investigación también alcanza a otros seis procesados, quienes deberán comparecer ante el Ministerio Público durante los próximos días. Entre ellos se encuentran Verónica Alexandra Blanco, directora de Mantenimiento; Jaime Joel Caballero Díaz, director de Abastecimiento y Logística; Marcelo Rubén Bordón Leiva, director de la Unidad Operativa de Contrataciones; Hugo Enrique Aranda, exgerente de Abastecimiento y Logística; Juan Manuel Villar López, director de la Unidad Operativa de Contrataciones; y José Raúl Coronel Acosta, director de Mantenimiento.
Según el cronograma establecido por la Fiscalía, las declaraciones se desarrollarán entre el 7 y el 9 de septiembre. Los procesados podrán ejercer su derecho a la defensa o, si así lo deciden, abstenerse de declarar.
Otro de los ex titulares del IPS involucrados en la causa, Vicente Mario Bataglia Araújo, ya compareció ante la Fiscalía y se abstuvo de declarar. El mismo se encuentra procesado por lesión de confianza y cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, por disposición del juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.
UNA OBRA QUE NO LLEGÓ A CONCRETARSE
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en abril de 2024, luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) detectara presuntas irregularidades relacionadas con modificaciones realizadas al contrato para el reacondicionamiento, suministro e instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS.
La licitación, identificada como LPN SBE N.º 143/2019, fue adjudicada a la empresa Neighpart SA por un monto inicial de aproximadamente G. 53.000 millones.
De acuerdo con la imputación fiscal, durante la ejecución del contrato se habrían firmado sucesivas adendas que modificaron plazos, condiciones y modalidades de pago, pese a que el área destinada para la construcción de los quirófanos no se encontraba liberada.
La Fiscalía sostiene que esta situación no habría impedido que se realizaran nuevos desembolsos a favor de la empresa contratista.
MILLONARIOS PAGOS Y SUCESIVAS ADENDAS
Entre los antecedentes investigados figura la Adenda N.º 3, firmada en julio de 2022 durante la administración de Vicente Bataglia. Posteriormente se suscribió la Adenda N.º 4, en abril de 2023, incorporando modificaciones e insumos que no figuraban originalmente en el pliego de bases y condiciones.
Según la imputación, pese a las observaciones existentes y a que las condiciones necesarias para iniciar los trabajos no estaban dadas, se continuaron realizando pagos.
La investigación menciona desembolsos por miles de millones de guaraníes, incluyendo un anticipo de G. 10.600 millones y posteriores pagos por G. 4.948 millones y G. 8.186 millones, entre otros montos consignados en el expediente.
Para el Ministerio Público, las sucesivas modificaciones contractuales habrían generado condiciones favorables para la empresa adjudicada y provocado un perjuicio económico a la previsional.
LOS QUIRÓFANOS SIGUEN SIN EXISTIR
Durante la administración de Jorge Brítez también fueron suscritas las adendas N.º 5, 6 y 7, entre 2024 y 2025. Estas establecieron nuevos plazos y cronogramas para la ejecución de los trabajos.
La Fiscalía cuestiona que estas modificaciones se hayan realizado pese a la existencia de una auditoría interna que ya había advertido sobre presuntas irregularidades relacionadas con el contrato.
El caso es conocido públicamente como el de los “quirófanos fantasmas”, debido a que, pese a los desembolsos millonarios realizados durante varios años, las estructuras modulares previstas para el Hospital Central del IPS finalmente no fueron instaladas.
La investigación fiscal busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los funcionarios y exdirectivos involucrados, así como establecer el destino de los recursos desembolsados y las circunstancias que derivaron en el millonario perjuicio atribuido a la previsional.
