Encarnación, 19 de marzo de 2025 – En una entrevista reciente, el diputado Olmedo expuso detalles sobre un proyecto de ley que busca reformar el sistema de patentes vehiculares en el país, con el objetivo de establecer un criterio más justo y equitativo para los propietarios de vehículos. La propuesta, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, plantea una modificación significativa en la forma en que se calculan los costos de las habilitaciones, tomando como base el valor aforo de los vehículos establecidos por la Dirección Nacional de Aduanas (DINAC).
El legislador explicó que actualmente no existe una diferencia en el monto que pagan los propietarios de vehículos de alta gama y los de modelos económicos del mismo año, lo que genera una situación que calificó como «injusta». «Un vehículo de alta gama 0 km paga igual que un vehículo económico de origen asiático del mismo año», señaló Olmedo, destacando la necesidad de esta reforma.
Un nuevo sistema basado en el valor aforo
La modificación propone que los municipios utilicen como referencia el valor aforo determinado por la Aduana, el cual considera factores como el año, el origen y la cilindrada del vehículo. Este valor será la base para aplicar un impuesto del 0,3% correspondiente al costo de la habilitación. Por ejemplo, un vehículo valuado en 100 millones de guaraníes pagaría 300.000 guaraníes anuales. Además, se contempla una devaluación anual del 5% hasta que el vehículo alcance el 50% de su valor original, momento en el que se establecerá un «precio piso» sobre el cual se continuará aplicando el 0,3%.
«Si hoy cuesta 100 millones, en un año valdrá 95 millones, y sobre ese monto se seguirá calculando el 0,3%. Esto se hará hasta los 10 años, llegando al 50% del valor inicial», detalló el diputado. Este mecanismo busca reflejar la depreciación natural de los automóviles y ajustar los costos de manera proporcional.
Coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito
Otro aspecto clave del proyecto es la creación de una Dirección Nacional de Habilitaciones del Automotor, bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Esta entidad será responsable de recopilar y transferir la base de datos de valores a todos los municipios del país, garantizando una aplicación uniforme del sistema. «La ANT manejará toda esa base de datos y la distribuirá a los municipios, para que estos apliquen el 0,3% según la tabla de valoración de la DINAC», explicó Olmedo.
El diputado también aclaró cómo se determinará el valor de vehículos antiguos o transferidos entre propietarios. En estos casos, se tomará como referencia la información disponible en la cédula verde o la última tasación registrada, asegurando que el sistema abarque todo el parque automotor.
Plazos y expectativas
Con media sanción en Diputados, el proyecto ha sido remitido al Senado, donde seguirá el trámite legislativo habitual. De no haber modificaciones, podría ser sancionado y pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación. Olmedo estimó que el proceso podría tomar unos 45 días, lo que coincidiría con el vencimiento del pago de patentes vehiculares en junio. «Vamos a llegar justoto, pero si hoy quieres sacar una habilitación, se ajusta a la ley vigente», indicó.
El legislador reconoció que esta reforma podría beneficiar especialmente a propietarios de vehículos de alta gama que ya pagaron sus habilitaciones bajo el sistema actual, pero enfatizó que el objetivo principal es establecer un criterio más equitativo a largo plazo. «Se va a aplicar el costo según el valor del vehículo que uno posee, para que tributo en consecuencia», afirmó.
Hacia una tributación más justa
Uno de los mayores impactos de esta reforma será la eliminación de las disparidades entre municipios, donde actualmente los costos varían según las conveniencias locales. «Esa costumbre de pagar en tal municipio porque es más económico o porque el intendente es mi compadre termina con esto. Se universalizan los costos en todo el país», subrayó Olmedo.
La propuesta ha generado expectativas entre los ciudadanos, quienes ven en este cambio una oportunidad para que el sistema de patentes refleje de manera más justa las condiciones económicas de los propietarios de vehículos. Si el proyecto se convierte en ley, marcaría un paso significativo hacia la modernización y estandarización de la tributación vehicular en el país. Por ahora, resta esperar la decisión del Senado y la eventual promulgación por parte del Ejecutivo.
