Un grupo de ciudadanos de Ciudad del Este presentó una nueva denuncia contra el intendente Miguel Prieto Vallejos, esta vez por presuntos actos de nepotismo y tráfico de influencias en la Municipalidad. La acusación, la número 43 en su contra, fue formalizada ante el Ministerio Público con el patrocinio del abogado Samir Sánchez.
Los denunciantes, identificados como Óscar Nicolás Delvalle, Griselda Fernández Román, Valentina Giménez Torres y Rogelio Núñez, alegan que Prieto designó a familiares directos en cargos públicos, incumpliendo la Ley 5295/2014, modificada por la Ley 7302/2024, que prohíbe contratar a personas con vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, invocaron la Ley 2523, que sanciona el tráfico de influencias en la función pública.
Entre los familiares señalados están Martín Vallejos Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejos Balbuena y Meribeb Alonzo Vallejos, herreros en Obras Municipales; y Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de Obras Particulares. Según la denuncia, estos forman parte de una red de parientes y allegados que ocupan cargos municipales sin justificar adecuadamente sus funciones, percibiendo salarios del erario público.
Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía una investigación exhaustiva, exigiendo las resoluciones de contratación, pagos y detalles de las funciones desempeñadas por los mencionados durante 2023, 2024 y 2025. También pidieron evaluar posibles nuevas figuras delictivas que surjan en la investigación. Como pruebas, presentaron listados de funcionarios, copias de documentos del portal municipal y un dispositivo con información respaldatoria, reservándose el derecho de ampliar la denuncia.
Antecedentes de Prieto
Esta no es la primera controversia que enfrenta Prieto. El intendente ya está imputado en dos causas en etapa intermedia por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Uno de los casos más graves involucra la compra irregular de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia, con un supuesto perjuicio de G. 1.769.790.000. Otro caso señala un daño patrimonial de G. 306 millones en una licitación presuntamente amañada.
La nueva denuncia intensifica el escrutinio sobre la gestión de Prieto, mientras los ciudadanos exigen transparencia y rendición de cuentas en la administración municipal.
