El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención del Instituto Técnico Superior de Gestión Privada San Expedito, de la ciudad de Horqueta, en el marco de las pesquisas sobre una presunta red de expedición irregular de títulos docentes.
La medida busca recabar información verificable ante múltiples denuncias relacionadas con alrededor de 1.800 documentos académicos que estarían siendo analizados por posibles irregularidades.
El viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, señaló que la auditoría permitirá obtener datos precisos para avanzar en las investigaciones. “Justamente la auditoría nos va a permitir obtener la información fidedigna para poder actuar”, expresó, al referirse a los títulos bajo sospecha.
El alto funcionario indicó además que esta es la primera institución intervenida dentro del proceso de control, aunque no descartó que puedan adoptarse nuevas medidas en otras entidades educativas. “Es el primero, pero podría llegar a más instituciones”, advirtió.
Cohene añadió que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) también prevé acciones de fiscalización que podrían extenderse incluso al ámbito universitario. “Desde el Cones se harán inspecciones que podrían derivar en intervenciones a nivel de universidades”, explicó.
La resolución del MEC fundamenta la intervención en publicaciones periodísticas que alertan sobre posibles irregularidades en el instituto, y recuerda que la cartera educativa tiene atribuciones legales para habilitar, supervisar, intervenir y clausurar instituciones educativas, conforme a la Ley N° 5749/2017.
Entre los antecedentes que serán verificados figura la posible relación del instituto con otras entidades educativas y la emisión de documentos vinculados a diversas carreras, aspectos que actualmente están bajo auditoría oficial.
El equipo interventor está encabezado por Carmen Paredes Subeldía, con la integración de Néstor Denis García. La resolución otorga amplias facultades para adoptar medidas urgentes, acceder a documentación y sumar colaboradores si fuera necesario.
Paredes afirmó que el proceso se realizará con transparencia. “Estoy iniciando, pero con la firme promesa de realizar un trabajo objetivo, transparente y, por sobre todo, velando por la calidad de la educación paraguaya”, manifestó.
La intervención tendrá una duración de 45 días, periodo en el cual se elaborarán informes y recomendaciones sobre la situación de la institución.
Paralelamente, el ministro de Educación, Luis Ramírez, informó la semana pasada que ya fueron detectados unos 250 casos de personas que habrían accedido a cargos con documentos presuntamente falsos, además de otros 300 títulos con indicios de irregularidades.
Según detalló, las investigaciones incluyen desde títulos completamente falsificados hasta casos de personas que nunca habrían cursado las carreras, así como instituciones que no pudieron respaldar la trayectoria académica de supuestos egresados.
