En el marco de la investigación sobre la denominada «mafia de los pagarés», la empresa Compañía Administradora de Riesgos S.A. (Carsa) se puso a disposición del Ministerio Público, permitiendo la verificación y posterior retiro de aproximadamente 10.000 expedientes judiciales originales. La documentación fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su revisión y control.
Intervención del Ministerio Público
La fiscala Belinda Bobadilla visitó las oficinas de Carsa el último jueves, donde encontró un depósito con los expedientes en el quinto piso del edificio ubicado en Alberdi y Oliva, en el microcentro de Asunción. Aunque no se trató de un allanamiento, la empresa facilitó el acceso a la documentación.
Dado que los expedientes no pudieron ser retirados en el momento, se procedió a lacrar el depósito y la fiscala solicitó la presencia de un representante del Poder Judicial para continuar con el procedimiento al día siguiente.
Retiro y verificación de documentos
Este viernes, auditores de la CSJ se constituyeron en las oficinas de Carsa para trasladar las cajas numeradas del 1 al 205 en un camión oficial. La documentación será verificada e inventariada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.
Bobadilla reveló en una entrevista que este tipo de almacenamiento de expedientes en empresas privadas y estudios jurídicos es una práctica extendida, atribuida a la falta de espacio en los Juzgados de Paz. No obstante, según el Código Procesal, los expedientes deben permanecer en custodia del Poder Judicial, y su salida está sujeta a estrictas normativas.
Irregularidades y llamados a la ciudadanía
La investigación también reveló la falta de expedientes en el Poder Judicial y la salida de documentos sin cumplir con los requisitos legales. Ante esto, la fiscala instó a las personas que hayan pagado parcial o totalmente sus deudas con Carsa y enfrenten problemas, a presentarse en su oficina en el microcentro de Asunción o en cualquier sede del Ministerio Público en el interior del país.
Detenciones y allanamientos
Hasta la fecha, dos personas han sido detenidas en el marco del caso. El primero fue capturado el martes, mientras que el segundo, identificado como Samuel Gregorio Salcedo Fernández, fue arrestado el jueves. Además, al inicio de la semana, se realizó un allanamiento en un edificio de Villa Mora, Asunción, donde dos hombres fueron grabados por cámaras de seguridad retirando cajas del departamento de Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificadora del Juzgado de Paz de la Recoleta.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el funcionamiento de esta red de almacenamiento y tráfico de expedientes judiciales.
fuente: UH
