La Séptima Región Sanitaria se encuentra en el centro de una investigación administrativa tras la denuncia de un presunto cobro irregular que habría involucrado a instituciones públicas de salud. El director regional, el doctor Jorge Ayala, confirmó que el caso fue formalmente denunciado por una de las personas afectadas y que actualmente está siendo sometido a un proceso de auditoría exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.
Según explicó el responsable sanitario, los hechos se habrían iniciado en diciembre del año pasado y, desde entonces, se activaron los mecanismos institucionales correspondientes. La auditoría, desarrollada entre los meses de enero y febrero, incluyó entrevistas, revisión de documentos y un análisis integral de los procedimientos aplicados. En este contexto, se investiga una supuesta práctica que estaría fuera de los protocolos establecidos, en la que se mencionan tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en distintas etapas del proceso.
El informe resultante de esta auditoría ya fue remitido a la asesoría jurídica del Ministerio de Salud, instancia encargada de emitir un dictamen que permitirá determinar las acciones a seguir. “Nuestro principal objetivo es precautelar los recursos del sistema de salud, tanto en insumos como en equipamientos y recursos humanos”, señaló Ayala, enfatizando el compromiso institucional con la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Asimismo, el director indicó que, a nivel regional, ya se han implementado medidas administrativas orientadas a fortalecer los controles internos, mejorar los protocolos de uso de recursos y optimizar los sistemas de supervisión. Estas acciones buscan evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, mientras se aguarda la resolución final del caso.
Desde la Séptima Región Sanitaria aseguraron que todas las denuncias son analizadas con seriedad y siguiendo un proceso riguroso que incluye evaluación preliminar, auditoría y eventual intervención jurídica. En ese sentido, se reafirmó que se respetan tanto los derechos de los denunciantes como de los involucrados, garantizando el debido proceso.
El caso, que tomó notoriedad pública en las últimas horas, continúa en etapa de definición a nivel central, mientras las autoridades reiteran su interés en que los hechos sean plenamente esclarecidos y, de confirmarse irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
