En un contexto de indignación y búsqueda de justicia, docentes jubilados se manifestaron en Paraguay para denunciar lo que han denominado la «mafia de los pagarés». Este problema, que afecta a numerosos exeducadores, implica descuentos compulsivos y embargos desproporcionados derivados de deudas supuestamente adquiridas años atrás, muchos de los cuales carecen de notificación legal o están basados en documentos cuestionables.
El origen del problema: Pagarés y necesidades básicas
Según los testimonios, los docentes, durante su vida laboral, enfrentaron la necesidad de adquirir materiales educativos y herramientas de trabajo, ya que el Estado no siempre proveía los recursos necesarios. En este contexto, muchos recurrieron a créditos o compras a plazos, firmando pagarés para cubrir estas necesidades. Sin embargo, lo que parecía una solución inmediata se convirtió en una pesadilla tras su jubilación.
Por ejemplo, una docente jubilada relató cómo, tras años de descuentos en su salario, descubrió que enfrentaba cuatro embargos por parte de empresas como RTS y RTA, sin haber recibido notificación previa. Otro caso destacó cómo un pagaré de 1 millón de guaraníes derivó en una deuda que superó los 10 millones, un incremento desproporcionado que los afectados califican de usura.
La mecánica de la estafa: Usura y documentos falsos
Los manifestantes señalan que detrás de estos embargos hay prácticas abusivas que podrían constituir delitos penales, como estafa, tentativa de estafa, uso de documentos falsos y usura. Según un abogado penalista consultado, la usura se configura cuando los acreedores se aprovechan de la necesidad de las personas, cobrando intereses exorbitantes que triplican o incluso decuplican el valor original de la deuda. En muchos casos, los bienes adquiridos eran de primera necesidad, como materiales escolares, lo que agrava la explotación.
Además, la falta de un sistema de control cruzado entre los juzgados de paz del país facilita estas prácticas. Un mismo pagaré puede ser presentado en diferentes jurisdicciones, como Benjamín Acebal, Mariano Roque Alonso o incluso Misiones, sin que los jueces tengan forma de verificar su duplicidad. Esta ausencia de coordinación, sumada a la inexistencia de expedientes electrónicos unificados, permite que los acreedores actúen con impunidad.
Una crisis social: El impacto en los docentes jubilados
Los docentes afectados, muchos de ellos jubilados, son particularmente vulnerables porque dependen de un sueldo fijo que no pueden renunciar. Esto los convierte en blancos fáciles para acreedores malintencionados que, según los denunciantes, los llevan «hasta la perdición» mediante descuentos que los sumen en la indigencia. En 2024, por ejemplo, una docente reportó descuentos de 3.442.000 guaraníes durante tres meses, una cifra que, aunque significativa, palidece frente a los casos de otras compañeras.
Esta situación ha sido descrita como una «crisis social» que no solo afecta a los individuos, sino que pone en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial y financiero paraguayo. Los manifestantes exigen que cesen los embargos y que se implementen medidas para evitar que otros caigan en estas trampas en el futuro.
Acciones propuestas y el camino hacia la justicia
Los afectados, acompañados por abogados, buscan soluciones legales para frenar los descuentos y levantar los embargos. Sin embargo, enfrentan obstáculos, ya que el Ministerio de Hacienda indica que solo un levantamiento judicial de embargo puede detener los descuentos. Además, se ha señalado la complicidad de ciertos actores en el sistema judicial, lo que complica aún más la resolución de los casos.
Entre las propuestas planteadas está la creación de un sistema de control cruzado que impida la presentación de demandas duplicadas y la implementación de expedientes electrónicos unificados. También se pide una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de estas prácticas abusivas.
Un llamado a la acción
La lucha de los docentes jubilados es un reflejo de la vulnerabilidad de quienes dedicaron su vida a la educación y hoy enfrentan la injusticia de un sistema que permite la explotación financiera. Su manifestación es un llamado a las autoridades para que actúen con urgencia, garantizando justicia y protección a quienes han sido víctimas de la «mafia de los pagarés». Este caso pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales que fortalezcan la transparencia y la equidad en el sistema judicial y financiero de Paraguay.
