El pasado viernes, un grupo de jubilados municipales se manifestó en las calles de Asunción bajo el lema «Queremos cobrar», reclamando el pago de sus haberes, que llevan sin recibir de manera regular desde hace un año. La situación es crítica, con algunos jubilados sin cobrar desde octubre del año pasado, y muchos de ellos endeudados debido a la falta de ingresos para cubrir sus necesidades básicas.
El principal reclamo de los manifestantes se centra en los pagos atrasados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), una entidad que, según los jubilados, no ha cumplido con sus obligaciones de manera consistente. Venancio Díaz, presidente de la CJPPM desde enero de 2024, había prometido resolver la situación de los cobros irregulares. Sin embargo, la falta de pagos persiste, y el presidente de la entidad indicó que el principal obstáculo es la deuda de las 255 municipalidades del país, de las cuales solo 130 están al día con sus aportes. La municipalidad de Asunción, especialmente, figura entre las mayores deudoras.
El viernes, los jubilados realizaron una marcha dividida en dos grupos. Un grupo se dirigió a Mburuvichá Roga, mientras que otro se concentró frente a los medios de comunicación para visibilizar su protesta. Luego, ambos grupos se unieron y se trasladaron hasta la sede de la Caja de Jubilaciones.
Los jubilados denunciaron que, a pesar de la crisis, algunos «apadrinados por políticos» reciben sus pagos de manera oculta, mientras que el resto sigue esperando. Entre las testimoniales más impactantes, Elizabeth Benítez expresó que la mala administración fue la causa de esta situación, destacando que las reservas de la Caja fueron «vaciadas».
Por su parte, Griselda Unzaín sugirió que una posible solución sería la elección de nuevas autoridades para la Caja, ya que las actuales fueron declaradas inhábiles hace cuatro años. Además, resaltó la necesidad de crear una Superintendencia que supervise la gestión financiera de la entidad para evitar futuros problemas.
María Eugenia Rivarola, una de las jubiladas afectadas, también se sumó al reclamo: “Nos están debiendo desde octubre del año pasado. Las irregularidades son varias”. A sus 72 años, lamenta tener que vivir esta angustiosa situación.
Aproximadamente 2.700 jubilados se encuentran en esta misma situación, y muchos de ellos han sufrido represalias por manifestarse. En diciembre, una jubilada fue reprimida por la policía mientras protestaba frente a la Caja, resultando con heridas en las piernas y el brazo. Este incidente provocó que los funcionarios de la Caja apresuraran el pago de su haber, pero a medida que ella continuaba su lucha, fue tildada de «traicionera» por los mismos administrativos.
La situación ha llegado a tal punto que la Contraloría General de la República (CGR) realizó una Auditoría Financiera y de Cumplimiento que reveló graves irregularidades en la administración de la Caja durante el ejercicio fiscal 2023, bajo la presidencia de Bernabé Peralta.
En cuanto a una solución inmediata, Venancio Díaz informó que el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, se comprometió a saldar la deuda de aproximadamente 11.000 millones de guaraníes entre el 15 y el 20 de enero. De no cumplirse este compromiso, los jubilados enfrentarán su cuarto mes sin recibir sus aportes.
La lucha de los jubilados continúa, y con cada protesta, buscan que se les respete su derecho a una jubilación digna y al cumplimiento de los pagos que les corresponden por años de servicio.
