En un fallo unánime, el Tribunal de Sentencia de Amambay, conformado por las juezas Librada Beatriz Peralta Céspedes, Marcelina Quintana de Acosta y el juez Mario Francisco Peralta Ovelar, dictó una condena de 10 años de prisión contra Marcial Benítez, de 47 años, por su participación en un caso de secuestro exprés perpetrado el 28 de diciembre de 2022. El crimen tuvo lugar en el predio de la estancia Ñu Vera, ubicada en la colonia Pakola, distrito de Capitán Bado, en el departamento de Amambay.
El juicio oral, que culminó el 12 de abril de 2025, dejó en clara la responsabilidad de Benítez, conocido con el alias «Pakova’i», en el secuestro de dos personas: Aníbal Vera, un ciudadano brasileño de 43 años, y una adolescente menonita de 16 años. Según las investigaciones, los captores exigieron inicialmente un rescate de USD 600.000, pero tras negociaciones, el padre del menor pagó la suma de G. 400 millones para garantizar la liberación de ambas víctimas, quienes fueron retenidas bajo amenazas durante el episodio.
El Ministerio Público presentó pruebas contundentes que resultaron clave para la condena. Entre las evidencias más relevantes se destacó el análisis técnico de cruzamiento de llamadas telefónicas, que vinculó directamente a Marcial Benítez con las comunicaciones establecidas con el padre del adolescente menonita durante las negociaciones del rescate. Estas pruebas, junto con otros elementos recopilados, fueron consideradas irrefutables por el tribunal, lo que llevó a la sentencia privativa de libertad por una década.
Por otro lado, el fallo absolvió a otras tres personas involucradas en el proceso: Elizabeth Cristaldo Benítez, Renata López Insfrán y Wilquer Benítez López, este último hijo del condenado y la primera su esposa. Los jueces determinaron que no existían pruebas suficientes para demostrar la participación de estos individuos en el delito, por lo que fueron liberados de toda culpa y pena.
El caso, que conmocionó a la región por su naturaleza violenta y la vulnerabilidad de las víctimas, pone de aliviar los esfuerzos de las autoridades para combatir el crimen organizado en Amambay, una zona conocida por su complejidad en materia de seguridad. La sentencia representa un paso significativo en la lucha contra el secuestro y otros delitos similares que afectan tanto a ciudadanos paraguayos como a extranjeros y extranjeros en la región.
