La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que adopte las medidas necesarias para destrabar el proceso judicial conocido como “Comisarías de Oro” y permita la integración del Tribunal de Apelación que deberá analizar el recurso presentado por el Ministerio Público contra la declaración de prescripción de la causa.
La petición fue realizada por la fiscal Silvia González, quien recordó que la investigación se inició en el año 2013 y está relacionada con hechos ocurridos en 2012, durante un proceso de licitación para la refacción y construcción de dependencias policiales en Asunción. Según la acusación fiscal, se habrían desembolsado alrededor de G. 1.130 millones en obras que no fueron ejecutadas completamente o presentaron deficiencias técnicas.
La agente fiscal señaló que el objetivo del Ministerio Público es que el expediente, que lleva más de una década de trámite, llegue a una definición y permita a la ciudadanía conocer qué ocurrió con los fondos públicos involucrados. “Estamos hablando de dinero del Estado, dinero de todos los paraguayos, por eso necesitamos que la causa avance y tenga una respuesta definitiva”, manifestó González.
El proceso tuvo un nuevo capítulo en mayo de 2025, cuando el juez Yoan Paul López resolvió declarar la prescripción de la causa y dictar el sobreseimiento definitivo del exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra, además de otros procesados. Ante esta decisión, la Fiscalía presentó una apelación que hasta el momento no pudo ser resuelta debido a la falta de integración del tribunal competente.
El Ministerio Público sostiene que una resolución anterior de la Cámara había señalado que no correspondía aplicar la prescripción en el caso de Filizzola, argumentando un supuesto uso abusivo de recursos e incidentes procesales que habrían generado demoras en la tramitación de la causa.
Ahora, la Fiscalía aguarda que la Corte Suprema defina la conformación del Tribunal de Apelación Penal que deberá estudiar la apelación. La decisión deberá determinar si la camarista Adriana Giagni o el magistrado Camilo Torres integrará el órgano encargado de resolver el planteamiento.
González cuestionó las dilaciones judiciales y aclaró que la demora en el proceso no es atribuible al Ministerio Público. Según explicó, la institución mantiene su postura de impulsar la investigación hasta las últimas instancias para que sean analizadas las pruebas y argumentos de las partes.
El caso “Comisarías de Oro” investiga una supuesta lesión de confianza vinculada a la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción. La Fiscalía sostiene que los trabajos fueron adjudicados sin contar con estudios técnicos suficientes y que varias obras quedaron inconclusas o presentaron irregularidades.
Desde el Ministerio Público reiteraron que buscan una resolución definitiva que permita esclarecer el destino de los recursos públicos involucrados y brindar una respuesta a la sociedad sobre una causa que permanece abierta desde hace más de diez años.
