La imputación contra el expresidente de Petropar, Eddie Ramón Jara Rojas, describe préstamos millonarios sin origen suficientemente justificado, transferencias entre empresas adjudicadas por la petrolera estatal y operaciones patrimoniales bajo sospecha. El Ministerio Público atribuye a Jara un presunto enriquecimiento ilícito y señala a su exesposa, Karina Otazú, por supuesto lavado de activos.
La agente fiscal Yeimy Adle solicitó la imputación de Jara por presunto enriquecimiento ilícito y la de su exesposa, Karina Estefana Otazú Fleitas, por supuesto lavado de activos. En el marco de la investigación, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión para los imputados.
De acuerdo con el acta fiscal, que consta de casi 40 páginas, el análisis de declaraciones juradas, documentos tributarios y movimientos bancarios permitió identificar diferencias entre los ingresos declarados y las operaciones financieras realizadas por el ex titular de Petropar durante el periodo investigado.
Uno de los puntos centrales se refiere a un préstamo de G. 700 millones que Jara declaró haber otorgado a Diana Paola Gamarra Agüero en 2022. Según la Fiscalía, la capacidad económica acumulada que podía justificar el exfuncionario hasta ese año era de aproximadamente G. 233,8 millones, lo que dejaba una diferencia superior a G. 466 millones sin explicación suficiente.
La investigación también examinó la relación comercial entre Gamarra y Emprendimientos del Sur S.A., firma adjudicada por Petropar para la provisión e instalación de un sistema de seguridad y vigilancia, mediante un contrato cuyo monto máximo alcanzaba G. 12.000 millones.
Según los registros bancarios citados en la imputación, Petropar transfirió a dicha empresa más de G. 4.628 millones en febrero de 2024. Posteriormente, los días 22 y 23 de ese mes, la firma realizó dos transferencias de G. 650 millones cada una a favor de Gamarra, quien recibió en total G. 1.300 millones.
Para el Ministerio Público, existe una coincidencia temporal y económica entre los pagos realizados por Petropar, la documentación contractual vinculada a Gamarra y las transferencias posteriores. La Fiscalía sostiene que esos movimientos deben analizarse en conjunto para determinar el origen y el destino de los fondos.
El expediente señala que el dinero recibido por Gamarra habría sido utilizado para adquirir al contado un inmueble ubicado en el barrio Mburukujá de Asunción, en la zona de Villa Victoria, por un precio escriturado de US$ 220.000. La operación se habría concretado el 26 de febrero de 2024, pocos días después de las transferencias.
Otras empresas bajo análisis
La investigación también identificó movimientos financieros entre otras empresas que habían recibido pagos de Petropar y posteriormente transfirieron importantes sumas a Emprendimientos del Sur.
En diciembre de 2024, Legacy Roots S.A. recibió G. 2.117 millones de Petropar y transfirió G. 2.017 millones a Emprendimientos del Sur en ocho operaciones. Asimismo, en octubre de 2025, el Consorcio Firetech recibió casi G. 5.970 millones de la petrolera estatal y posteriormente transfirió más de G. 5.210 millones a la misma firma mediante 47 operaciones.
Según la hipótesis fiscal, estas empresas estarían vinculadas estructural y económicamente. La investigación también tomó en cuenta que Carlos Gustavo Becker Pessolani, vicepresidente y accionista de Emprendimientos del Sur, había ocupado anteriormente el cargo de director de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petropar.
Otro préstamo de G. 2.800 millones
Otro apartado de la imputación se refiere a un préstamo de G. 2.800 millones que Jara habría otorgado en efectivo a Edith Marilín Ayala de Macchi en junio de 2023. La Fiscalía cuestiona la capacidad económica del entonces titular de Petropar para disponer de esa suma, debido a que sus ingresos declarados no permitirían justificar el monto entregado.
Para respaldar el origen del dinero, Jara habría presentado un contrato de prestación de servicios profesionales por US$ 400.000. Sin embargo, según el Ministerio Público, la documentación disponible presentaría diferencias de fechas y no permitiría reconstruir de manera suficiente la trazabilidad bancaria, contable y tributaria de los fondos.
Los investigadores también analizaron los vínculos empresariales de Ayala y su esposo con firmas relacionadas con estaciones de servicio que operan bajo el emblema Petropar. Entre los antecedentes figura un contrato de G. 4.800 millones adjudicado a Transportadora Macchi S.A. en 2017, durante una anterior presidencia de Jara al frente de la institución.
Transferencias a la cuenta de su exesposa
Respecto a Karina Otazú, la Fiscalía sostiene que habría recibido, mantenido bajo su control y utilizado fondos cuyo origen se investiga en relación con el patrimonio no justificado atribuido a Jara.
Entre los movimientos mencionados figura una transferencia de G. 1.764 millones realizada en enero de 2024 por IDA ADELA S.A., vinculada a Edith Ayala, a una cuenta conjunta de la entonces pareja.
Además, entre julio de 2025 y mayo de 2026, Gamarra habría realizado 39 transferencias a una cuenta de Otazú por un total de G. 90 millones. El expediente también menciona depósitos atribuidos a otras dos personas, cuyos movimientos, sumados a los anteriores, alcanzan G. 837,7 millones.
De acuerdo con la Fiscalía, la documentación examinada hasta el momento no permitió identificar una causa económica o contraprestación que justificara esas acreditaciones. También se incluyeron en el análisis operaciones vinculadas a la ganadería y gastos de elevado valor que, según los investigadores, no guardarían correspondencia con los ingresos declarados por Otazú.
Patrimonio no justificado supera los G. 5.399 millones
Como conclusión de su análisis patrimonial, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos sostiene que Jara habría acumulado un patrimonio no justificado superior a G. 5.399 millones.
Entre los datos destacados por la agente fiscal figura que, en octubre de 2025, los gastos e inversiones atribuidos al exfuncionario alcanzaron G. 570,6 millones en un solo mes, pese a que su salario mensual era de G. 44 millones.
La investigación busca establecer el origen de los fondos, la relación entre las operaciones financieras y los contratos adjudicados por Petropar, así como la eventual responsabilidad de las personas involucradas.
Los hechos mencionados corresponden a hipótesis del Ministerio Público expuestas en el acta de imputación. La imputación no equivale a una condena y la responsabilidad penal de los investigados deberá determinarse conforme al proceso judicial.
