La Comisión Bicameral encargada de analizar el Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 retomó ayer sus sesiones, con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina; y el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera. El encuentro tuvo como eje central las irregularidades detectadas en las compras públicas.
Durante la reunión, Encina presentó un informe detallado sobre las licitaciones de los últimos tres años y reveló que, debido a modificaciones y adendas aprobadas en ese periodo, el Estado asumió sobrecostos por USD 901 millones (G. 6,8 billones) por encima de lo inicialmente adjudicado.
En 2023, las contrataciones públicas partieron de un monto de G. 22,7 billones, pero cerraron con un aumento del 9%, equivalente a G. 2 billones adicionales. En 2024, el monto adjudicado fue de G. 26,8 billones y registró otro incremento de G. 2,5 billones, también del 9%. En lo que va de 2025, los sobrecostos ya alcanzan G. 2,2 billones, lo que representa un 7% más.
Pese a estos números, Encina aseguró que la situación aún no constituye “una alarma a nivel general”. Explicó que, de los 4.321 contratos del año pasado, el 55% fue modificado, aunque en su mayoría por ampliación de plazos. En cuanto a los aumentos de montos, el promedio registrado es del 9%. Agregó que el 34% de las licitaciones corresponden a contratos plurianuales, pero afirmó que este escenario será corregido a partir de 2026 gracias a la incorporación de cambios en el proyecto de PGN.
“No vemos cifras alarmantes. Lo poco atendible ya tiene una solución en marcha, porque se tomaron las vías legales para evitar que se repita desde 2026”, sostuvo.
Encina también precisó que las instituciones con mayor volumen de contratos plurianuales son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con casi G. 4 billones, seguido del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud.
EL MEF ASEGURA QUE BUSCA MEJORAR LOS PROCESOS
Por su parte, el viceministro Óscar Lovera destacó que el MEF está trabajando para cumplir con los compromisos financieros del Estado y avanzar en la optimización de los procedimientos de contratación. En relación con los sobrecostos, recordó que la nueva Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas fija un límite del 20% para ampliaciones, lo que impedirá que se superen esos márgenes.
Asimismo, mencionó que para el PGN 2026 se propuso un artículo especial que permitirá fortalecer el control de los contratos plurianuales mediante una labor coordinada entre el MEF y la DNCP.
Fuente: UH
