La Fiscalía acusó al exintendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, por el uso irregular del objeto de gasto 831 durante la emergencia sanitaria por Covid-19, con la complicidad de la Junta Municipal. Este rubro, destinado a aportes para entidades sociales y emergencias, fue empleado para compras directas por G. 6.944 millones sin reglamentación previa, con coordinación tardía con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y sin supervisión externa. La investigación destaca dos contratos por G. 1.690 millones relacionados con la compra de detergentes, base de las acusaciones por lesión de confianza y asociación criminal.
Durante 2020, la administración de Nenecho utilizó el objeto de gasto 831, manejado por la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, para realizar ocho contrataciones por un total de G. 6.944.903.320. Estas compras, que incluyen los denominados “detergentes de oro”, se hicieron sin la normativa requerida por las ordenanzas municipales, la cual recién se aprobó en diciembre de 2021 mediante la Resolución N° 1975/2021. Además, la coordinación con la SEN comenzó en noviembre de 2020, nueve meses después de las primeras adjudicaciones, y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no tuvo competencia para supervisar estas operaciones.
La falta de controles y la incertidumbre legal generaron cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos municipales durante la pandemia, señalando la responsabilidad compartida entre la Intendencia y la Junta Municipal. La Fiscalía centra su acusación en dos contratos de 2020 por G. 1.697.117.120, denunciando una supuesta simulación en la compra de detergentes. Además de Nenecho, están imputados su exadministrador Wilfrido Cáceres, también acusado por enriquecimiento ilícito, y otras 14 personas, entre funcionarios y proveedores.
El presupuesto municipal de 2021, aprobado por la Ordenanza N° 313/20, asignó G. 1.713.915.830.000, de los cuales G. 14.000 millones correspondían al objeto de gasto 831 dentro del programa de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. Según la intervención, esta dirección recibió el 36,63% de las transferencias, equivalente a G. 2.495.210.700.
El informe de la intervención de 2022 también reveló irregularidades en compras de ese período, beneficiando a los mismos proveedores cuestionados, lo que derivó en nuevas denuncias. Este caso expone serias falencias en la gestión de fondos públicos y pone en evidencia la necesidad de mayores controles para garantizar la transparencia en el uso de recursos municipales.
Fuente: UH
