El Juzgado Penal de Garantías N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, a cargo de la actuaria judicial Abg. Patricia M. Wasmuth Troche, emitió una resolución que marca un nuevo capítulo en el caso caratulado “Teodoro Cáceres Vera s/Abuso Sexual en Niños (Art. 135 A. Ley 6002/2017) – Identificación N° 3121 2025 1687”. En el Auto Interlocutorio N° 179, fechado el 20 de marzo de 2025, se dispuso la suspensión de la prisión preventiva del imputado, Teodoro Cáceres Vera, y su traslado a arresto domiciliario bajo estrictas condiciones.
Cáceres Vera, con domicilio en el barrio Ita Paso, enfrenta cargos por abuso sexual en niños, un delito contemplado en la legislación paraguaya con severas penas.

La resolución judicial establece que Cáceres Vera cumplirá arresto domiciliario en el domicilio mencionado, del cual no podrá salir ni ausentarse sin autorización expresa del Juzgado. El control de esta medida estará a cargo de la Policía Nacional de la jurisdicción, específicamente la Comisaría N° 66 del barrio Ita Paso, que realizará verificaciones aleatorias cada 12 horas. Para ello, se habilitará un cuaderno de control donde se registrará el cumplimiento de la disposición, y cualquier incumplimiento será informado de inmediato al Juzgado.
Además, el fallo impone una serie de restricciones al imputado: se le prohíbe salir del país sin permiso judicial, frecuentar lugares o personas que puedan inducirlo a cometer delitos, consumir bebidas alcohólicas y, de manera enfática, acercarse o comunicarse con la víctima del caso o sus familiares por cualquier medio. Asimismo, se le prohíbe aproximarse a menos de 100 metros del domicilio de la víctima o de cualquier lugar donde esta se encuentre. El Juzgado advirtió que el incumplimiento injustificado de estas reglas resultará en la revocatoria de las medidas alternativas y el retorno a la prisión preventiva.
El traslado de Cáceres Vera desde su lugar de detención actual, en el Armero Naval Faustino Ríos (esq. Jóvenes de la Democracia), hasta su domicilio en Ita Paso, fue ordenado en el mismo acto judicial, para lo cual se librarán los oficios correspondientes a la comisaría encargada de supervisar el arresto domiciliario.
Este caso ha generado atención en la comunidad local, dado el carácter sensible del delito imputado. La decisión de suspender la prisión preventiva y optar por el arresto domiciliario refleja un balance entre las garantías procesales del acusado y la protección de la víctima, bajo un estricto régimen de vigilancia. Las autoridades judiciales y policiales deberán ahora velar por el cumplimiento de las condiciones impuestas, en un proceso que seguirá siendo observado de cerca por la opinión pública.
