Este lunes se inició el juicio oral y público contra Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este y precandidato a la Presidencia de la República, por el caso conocido como “Tía Chela”, relacionado con la supuesta lesión de confianza en la compra de kits de alimentos durante la pandemia de covid-19.
La primera jornada estuvo marcada por la presentación de diversos incidentes planteados tanto por el Ministerio Público como por las defensas de los acusados. Uno de los principales pedidos fue realizado por la defensa de Prieto, que solicitó la inclusión de 56 nuevos testigos al proceso.
El abogado Derlis Martínez explicó que estos testigos habían sido excluidos durante la audiencia preliminar por el juez de Garantías Humberto Otazú, quien consideró suficiente la cantidad de personas ya admitidas para declarar. Actualmente, el juicio cuenta con casi 100 testigos habilitados.
Según la defensa, entre los testigos cuya incorporación se pretende se encuentran sacerdotes y pastores de iglesias católicas y evangélicas que participaron en la recepción y posterior distribución de los 25.000 kits de alimentos entregados a familias de Ciudad del Este.
Martínez sostuvo que estos testimonios son relevantes para demostrar la forma en que fueron distribuidos los alimentos y para sustentar la posición de Prieto, quien asegura que los kits fueron entregados a través de organizaciones religiosas.
La defensa también solicitó incorporar publicaciones periodísticas y contenidos de redes sociales relacionados con el proceso de licitación y la posterior entrega de los alimentos.
Por su parte, el Ministerio Público planteó pedidos de informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Además, solicitó la declaración del titular de la DNCP, Agustín Encina.
El fiscal Silvio Corbeta explicó que el pedido está relacionado con una nota presentada por la empresa Tía Chela a la Municipalidad de Ciudad del Este el 20 de marzo de 2020, mediante la cual comunicó el cambio de marcas de arroz, fideo y azúcar debido a supuestos problemas de stock.
La defensa de Prieto cuestionó estos pedidos y sostuvo que la documentación ya formaba parte del expediente judicial, por lo que, según el abogado Martínez, el Ministerio Público tuvo acceso a la nota desde mucho antes de la audiencia preliminar.
Prieto, por su parte, ratificó que demostrará su inocencia durante el juicio y cuestionó que algunos de los testigos que, según afirma, tuvieron participación directa en la distribución de los kits no hayan sido admitidos inicialmente.
El proceso investiga una supuesta lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de G. 2.949.650.000 a la Municipalidad de Ciudad del Este. La Fiscalía sostiene que durante 2020 se realizó una compra de alimentos por vía de excepción que, según la acusación, no reunía las condiciones de urgencia necesarias y debió realizarse mediante una licitación pública.
Además de Prieto, otros diez acusados enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal en el marco de la investigación sobre la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos está integrado por Ana Rodríguez Brozón, en carácter de presidenta, y las juezas Yolanda Morel y Karina Cáceres.
El juicio continuará el lunes 7 de setiembre, a las 08:00, cuando el Ministerio Público deberá contestar los incidentes planteados por las defensas.
