La Cámara de Diputados prevé analizar este jueves el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, una iniciativa considerada clave por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio del sector público. Mientras los sectores afectados reclaman ajustes al texto, el Poder Ejecutivo advierte que, sin cambios, el fondo previsional podría colapsar en los próximos años.
A pocos días del tratamiento legislativo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que los estudios actuariales que respaldan la propuesta no han sido cuestionados técnicamente, pese al fuerte debate político que rodea la iniciativa.
Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del MEF, explicó que desde junio de 2024 el Gobierno viene presentando ante el Congreso Nacional diagnósticos y proyecciones actuariales sobre la situación de la Caja Fiscal, sin que hasta ahora se hayan planteado objeciones que contradigan esos datos.
“Desde el año pasado compartimos el diagnóstico inicial y luego información cada vez más detallada. Hasta el momento, nadie ha discutido técnicamente los números actuariales”, señaló Coronel en declaraciones a ABC TV. Añadió que los legisladores muestran interés en conocer el impacto de la reforma por sectores y en comparar el sistema con otros regímenes previsionales.
La funcionaria destacó que el análisis técnico permitió identificar los puntos más sensibles del sistema, como la edad mínima de jubilación, los años de aporte y las tasas de contribución, considerados fundamentales para su sostenibilidad a largo plazo.
El proyecto será tratado en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados este jueves 5 de febrero, a partir de las 10:00.
Según el Poder Ejecutivo, la reforma busca reducir el déficit estructural de la Caja Fiscal, que podría alcanzar los USD 800 millones en los próximos cinco años. Actualmente, el déficit ya asciende a USD 380 millones, con proyección al cierre de 2025.
Entre los principales ejes de la propuesta se incluye el establecimiento de una edad mínima de jubilación para sectores como el magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares. En el caso de las fuerzas públicas, se plantea además un esquema de acceso gradual que va de 20 a 35 años de servicio.
Otro punto central es la implementación de un aporte obrero-patronal del 22%, distribuido en un 19% a cargo del trabajador —con un aumento de tres puntos— y un 3% a cargo del Estado como empleador.
En paralelo al debate parlamentario, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) convocó a una movilización nacional del sector docente para este jueves 5 de febrero, en rechazo a los cambios propuestos para la Caja Fiscal del Magisterio Nacional.
Bajo la consigna “No a los 62 años. El derecho del docente se defiende”, el presidente de la FEP, Silvio Piris, confirmó la adhesión de 21 sindicatos, conformando un amplio frente de protesta que trasciende el ámbito educativo.
Fuente: HOY
