María, nombre ficticio de una mujer que sobrevivió a 13 años de violencia familiar, expresó su preocupación y temor tras la decisión judicial que benefició a su agresor con arresto domiciliario bajo el uso de una tobillera electrónica. La víctima denunció que no fue notificada de la medida y se enteró por redes sociales, cuestionando la seguridad que le brinda el sistema judicial.
“Si me pasa algo, va a ser culpa de los jueces corruptos”, manifestó María en una entrevista con Radio Monumental 1080 AM, donde relató las amenazas y agresiones que sufrió a lo largo de los años. Su último episodio de violencia, ocurrido el 11 de diciembre de 2024, casi le costó la vida. Según relató, activó la grabadora de su teléfono celular durante el ataque, dejando evidencia de las dos horas de maltratos físicos y verbales a los que fue sometida.
El supuesto agresor, quien tras la denuncia inicial enfrentaba restricciones, reaccionó con más agresividad al conocer las medidas cautelares. Finalmente, logró que un juez le concediera el arresto domiciliario con tobillera electrónica, utilizando como garantía dos inmuebles, incluido uno donde residen sus hijos y su exesposa.
“Me arrepiento tanto de luchar por justicia para que termine así. Ahora temo por mi vida y la de mis tres hijos pequeños”, declaró María. También afirmó que su agresor había advertido que pagaría para no estar en prisión, señalando que su liberación es una prueba de corrupción en el sistema judicial.
Violencia familiar: un flagelo en aumento
La situación de María no es aislada. Según datos del Ministerio Público, la violencia familiar encabezó las denuncias en el 2024, con 37.926 casos registrados, un promedio de 104 hechos por día. Además, se reportaron 54 tentativas de feminicidio y 31 feminicidios, cifras que exponen la gravedad del problema.
Regiones como Central, Asunción, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Cordillera concentraron la mayoría de las denuncias. Pese a los esfuerzos para implementar políticas públicas y herramientas como las tobilleras electrónicas, la violencia de género sigue siendo un problema estructural que exige respuestas más efectivas.
María, como muchas otras víctimas, enfrenta ahora un panorama incierto, donde su lucha por justicia parece haberla dejado más vulnerable. “Esto va a quedar impune”, lamentó, mientras las autoridades son llamadas a garantizar la seguridad de las mujeres y prevenir nuevos actos de violencia.
