El presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Paraguay, Julio César Vera Cáceres, solicitó la suspensión inmediata y sin plazo definido de una medida adoptada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, que ordenó a la Prefectura Naval Argentina suspender por 30 días las actividades en el kilómetro 179 del río Paraná, afectando gravemente la navegación en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Vera Cáceres calificó la decisión como “arbitraria” y propuso que sea tratada como punto principal en una reunión bilateral entre las cancillerías de Paraguay y Argentina, o en el marco de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, cuya presidencia pro témpore ejerce Paraguay. En una entrevista con Radio Nacional, el titular de la ANNP destacó que la medida obliga a los operadores paraguayos a recurrir a puertos privados alternativos, lo que incrementa significativamente los costos logísticos debido al pago de derechos por el uso de muelles.
“Estos puertos tienen sus propias actividades, lo que generará demoras considerables en el atraco de nuevos buques. Toda dilación en el tiempo es dinero”, expresó Vera Cáceres, subrayando las consecuencias económicas de la restricción. Además, señaló que el trasbordo en estos puertos privados no solo es más costoso, sino que también puede ser más lento, afectando la eficiencia de las operaciones comerciales.
El presidente de la ANNP reconoció el derecho de Argentina a controlar las mercaderías que ingresan y salen de su territorio, pero enfatizó que esta función ya se realiza de manera habitual. Por ello, insistió en la necesidad de suspender la medida y, en caso de no ser posible una derogación total, propuso un período de gracia de al menos 10 meses a un año para buscar soluciones alternativas, aunque reconoció que las opciones son limitadas debido a la dependencia de los puertos privados.
Vera Cáceres también hizo referencia a los tratados internacionales que amparan a Paraguay como país mediterráneo, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros acuerdos específicos para naciones sin litoral, que garantizan privilegios para facilitar el acceso al comercio marítimo. En este contexto, instó a que el tema sea abordado con urgencia en instancias bilaterales o multilaterales para mitigar los impactos en la economía paraguaya.
