La Cámara de Senadores se ratificó en el proyecto de ley que prohíbe el pago de bonificaciones a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado durante el ejercicio fiscal 2026. La medida permitiría redireccionar más de G. 5.000 millones, pero deberá volver a Diputados para su definición final.
El Senado aprobó nuevamente su versión del proyecto de ley que busca suprimir el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las autoridades que ocupan cargos de conducción política y superior jerarquía en las instituciones públicas.
La iniciativa alcanza a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de entes descentralizados, gobernaciones y municipios. La restricción no afectaría a los funcionarios públicos en general, sino específicamente a quienes ocupan los cargos de mayor jerarquía institucional.
Durante el tratamiento, el senador Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista, defendió la propuesta al señalar que el país enfrenta dificultades en la recaudación tributaria y que las instituciones deben adoptar medidas de austeridad para contribuir al equilibrio fiscal.
El legislador sostuvo que el esfuerzo económico también debe involucrar a las altas autoridades, considerando que persisten problemas financieros en áreas sensibles, como la salud.
MÁS DE G. 5.000 MILLONES EN JUEGO
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, explicó que la propuesta surgió a partir de las modificaciones relacionadas con las bonificaciones que reciben los ordenadores de gastos.
Según indicó, el objetivo es redireccionar recursos que superarían los G. 5.000 millones, mediante la eliminación de estos beneficios para las principales autoridades de las instituciones públicas.
El proyecto ya había sido aprobado por el Senado en abril de este año, pero la Cámara de Diputados lo rechazó en julio, con el argumento de que la discusión debía abordarse en el marco del análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.
DIPUTADOS TENDRÁ LA DECISIÓN FINAL
Con 29 votos, por encima de los 23 necesarios para la ratificación, el Senado mantuvo su postura y remitió nuevamente el documento a la Cámara de Diputados para su último trámite constitucional.
El debate se produce mientras avanza el análisis del PGN 2027, aunque la iniciativa se limita a las bonificaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
La decisión de Diputados será determinante para establecer si se concreta la eliminación de estos beneficios para las máximas autoridades y el redireccionamiento de los recursos previstos.
