El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación de la controvertida Ley N°7445 “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, una normativa que ha generado rechazo entre gremios estatales por considerar que vulnera derechos laborales. Mientras tanto, el Poder Legislativo y el Poder Judicial han quedado excluidos de su aplicación, lo que ha intensificado el debate sobre la equidad en la regulación del empleo público.
La nueva legislación, anunciada a través de las redes sociales de la Presidencia, busca, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establecer un marco general para el ingreso, promoción y desempeño de los funcionarios públicos bajo criterios de transparencia y meritocracia. “Garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia”, aseguró el Ejecutivo.
Características de la Ley
La ley se divide en dos partes principales:
- Función Pública: Define normas y criterios generales aplicables a todas las instituciones bajo el Ejecutivo.
- Carrera Civil: Establece las bases para el ingreso, desarrollo profesional y evaluación de los servidores públicos.
Sin embargo, su promulgación llega tras semanas de protestas por parte de los trabajadores estatales, quienes consideran que la ley representa un retroceso en sus derechos laborales. Añaden que su implementación podría reforzar la precarización y el debilitamiento de las conquistas gremiales.
Exclusión de Poderes
El Congreso y el Poder Judicial argumentaron su autonomía para quedar exentos de la aplicación de esta ley, comprometiéndose a regular internamente la carrera del servicio civil. Sin embargo, esto no ha evitado las críticas, ya que en el Legislativo persisten prácticas como el nepotismo y la contratación indiscriminada.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ha sido señalado por la firma de 445 nuevos contratos en sus primeros tres meses al frente del organismo, un 25% de los cuales corresponden a contrataciones totalmente nuevas, superando el límite del 10% anunciado por el Senado. Además, impulsa un proyecto de ampliación de la sede parlamentaria, con un gasto proyectado de más de G. 3.637 millones, para hacer frente a lo que denominó “hacinamiento de funcionarios”.
Críticas al Congreso
El blindaje que se otorgó el Congreso permite que continúen las prácticas de prebendarismo, donde se colocan a amigos, familiares y otros allegados en cargos públicos sin funciones claras. Esta situación se ha agravado con la ampliación de los “cargos de confianza”, una medida incorporada durante el tratamiento de la ley.
Aspectos controvertidos
- Blindaje legislativo: Diputados y senadores se aseguraron de quedar exentos de la ley, justificándolo con la independencia de poderes.
- Ampliación de cargos de confianza: Incrementaron los cargos no concursados para directores y otros funcionarios.
- Contrataciones auxiliares: Cada autoridad podrá establecer sus propios procesos para contratar personal auxiliar, como choferes y ordenanzas, sin mecanismos claros de transparencia.
Futuro incierto
Pese a la promesa de mayor transparencia, la exclusión del Legislativo y el Judicial ha debilitado la confianza en esta reforma. Mientras tanto, el Ejecutivo defiende la ley como un “gran avance”, dejando pendiente la implementación de reglamentos que garanticen su aplicación justa y efectiva.
La sociedad civil y los gremios estatales seguirán atentos al desarrollo de esta normativa, especialmente en lo referente al cumplimiento de los principios de meritocracia y transparencia en un contexto donde el favoritismo y la desigualdad estructural aún persisten.
