Con el objetivo de combatir la corrupción en la función pública, el diputado Daniel Centurión presentó este lunes un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone aumentar significativamente las penas para diversos delitos relacionados con actos ilícitos de funcionarios públicos y particulares. La iniciativa busca modificar artículos del Código Procesal Penal para establecer sanciones más severas y disuasorias contra el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la lesión de confianza, la exacción, el cohecho pasivo, la asociación criminal, entre otros.
Principales Cambios Propuestos
El proyecto plantea un endurecimiento de las penas para los siguientes delitos:
- Enriquecimiento Ilícito: La pena para funcionarios públicos que incurran en este delito pasaría de los actuales 10 años a un rango de 10 a 15 años de prisión. Además, en caso de condena firme, se aplicará el comiso especial de bienes muebles, inmuebles, valores, dinero o derechos obtenidos de manera ilícita.
- Lesión de Confianza: Se propone una pena de hasta 5 años de prisión o multa para funcionarios que, mediante resoluciones o contratos, perjudiquen el erario público. En casos graves, la sanción podría llegar hasta 25 años de cárcel.
- Tráfico de Influencias: Los particulares enfrentarían hasta 10 años de prisión, mientras que los funcionarios públicos podrían recibir hasta 20 años.
- Exacción: Para los funcionarios encargados de la recaudación de impuestos que actúen de manera indebida o no entreguen lo recaudado al fisco, la pena sería de 10 a 20 años de prisión.
- Asociación Criminal: La creación o participación en organizaciones delictivas por parte de funcionarios públicos sería castigada con 10 a 15 años de prisión.
- Cohecho Pasivo Agravado: Los funcionarios que incurran en este delito enfrentarían penas de 5 a 10 años de prisión.
- Beneficios Indebidos: Los funcionarios que autoricen o suscriban actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos a sí mismos, sus cónyuges, convivientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, serían sancionados con penas de 15 a 25 años de prisión.
Justificación del Proyecto
El diputado Centurión argumenta que la corrupción en la función pública, alimentada por el crimen organizado y la participación de funcionarios, ha generado un grave perjuicio al patrimonio del Estado y a la moralidad que debe caracterizar a los servidores públicos. “El crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio, sin visos de solución tan siquiera a mediano plazo”, señaló el legislador en su exposición de motivos.
La iniciativa busca no solo castigar con mayor severidad los actos de corrupción, sino también disuadir a quienes incurran en estas prácticas, tanto en el ámbito público como privado. Según Centurión, el proyecto se centra en los aspectos más críticos de los delitos relacionados con la función pública, complementando esfuerzos anteriores para abordar de manera integral la problemática de la corrupción.
Contexto y Relevancia
Este proyecto se suma a otros esfuerzos legislativos para combatir la corrupción en Paraguay, un tema que ha generado amplio debate en los últimos años. Recientemente, el senador Eduardo Nakayama también cuestionó la liberación de figuras públicas involucradas en casos de corrupción, como el exgobernador Hugo Javier González, y abogó por endurecer las penas en estos casos.
La propuesta de Centurión, quien es considerado un aliado del expresidente Mario Abdo Benítez y potencial candidato a la intendencia de Asunción, busca posicionar al Congreso como un actor clave en la lucha contra la corrupción, respondiendo a las demandas ciudadanas por mayor transparencia y accountability en la gestión pública.
Próximos Pasos
El proyecto será ahora analizado por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, donde se debatirán los detalles de las modificaciones propuestas. De ser aprobado, pasará al Senado para su revisión y eventual sanción. La iniciativa ha generado expectativas en un contexto donde la ciudadanía exige medidas concretas para frenar la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
