La pericia informática de un teléfono celular entregado por la ciudadana venezolana Yecika Magle Bracho podría aportar información clave para identificar a los presuntos ideólogos y financistas de una estructura señalada por campañas de desinformación y ataques contra periodistas y medios críticos del Gobierno de Santiago Peña, según afirmó la abogada Alejandra Peralta Merlo.
Bracho entregó el dispositivo como parte de un acuerdo conciliatorio alcanzado con el empresario Christian Chena, quien la había querellado por su presunta participación en una campaña de desinformación impulsada a través de la plataforma “Despierta Paraguay”.
De acuerdo con la abogada, además del teléfono celular, Bracho proporcionó otras evidencias e información que podrían ayudar a determinar quiénes estaban detrás de la estructura. Peralta Merlo sostuvo que la venezolana habría sido utilizada como un “chivo expiatorio” y que el objetivo ahora es llegar a los verdaderos responsables.
“Parece una película de terror donde existen varios villanos, esto va a traer mucha cola”, manifestó la profesional durante una entrevista con ABC Cardinal, al referirse a las posibles revelaciones que surjan de la pericia del dispositivo.
SEÑALAN A UNA AGENCIA COMO PARTE DEL ESQUEMA
Según el testimonio atribuido a Bracho, la agencia argentina de comunicación Azafrán S.A., que también cuenta con una filial en Paraguay, habría funcionado como uno de los nodos de la estructura investigada.
La mujer habría adquirido inicialmente tarjetas SIM a su nombre, y una de esas líneas fue utilizada posteriormente para administrar cuentas vinculadas a “Despierta Paraguay” en Facebook e Instagram.
Las revelaciones también apuntan a una posible vinculación de la actual viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte Albospino, quien anteriormente se desempeñó como estratega de redes sociales durante la campaña presidencial de Santiago Peña. Hasta el momento, estas acusaciones forman parte de los elementos que deberán ser corroborados mediante la investigación correspondiente.
CASI G. 3.000 MILLONES EN ANUNCIOS DIGITALES
La estructura señalada estaría compuesta por al menos 14 páginas en redes sociales y, de acuerdo con los datos expuestos en la investigación periodística, habría destinado G. 2.909.640.640 a anuncios digitales coordinados.
Según las denuncias, parte de esa actividad habría tenido como objetivo realizar propaganda favorable al Gobierno y, paralelamente, impulsar campañas de desprestigio, hostigamiento y ataques contra periodistas, medios de comunicación y personas críticas de la administración estatal.
Peralta Merlo rechazó la interpretación de que los ataques denunciados correspondan a hechos aislados y sostuvo que buscará demostrar la existencia de una estructura organizada destinada a desinformar, difundir noticias falsas y amedrentar a personas que cuestionan al Gobierno o denuncian presuntos hechos de corrupción.
ADVIERTEN SOBRE POSIBLE USO DE RECURSOS PÚBLICOS
Otro de los puntos señalados por la abogada es la posibilidad de que parte del financiamiento de estas campañas haya provenido de recursos públicos. Esta hipótesis deberá ser determinada mediante una investigación y la correspondiente verificación documental y financiera.
Peralta Merlo también cuestionó que las acciones denunciadas puedan justificarse bajo el argumento de la libertad de expresión. A su criterio, la difusión deliberada de desinformación afecta el derecho de los ciudadanos a acceder a información veraz y puede debilitar el sistema democrático.
La profesional llegó incluso a calificar la situación como una “dictadura solapada”, en referencia a lo que considera una estructura destinada a ejercer presión y hostigamiento mediante campañas digitales.
PIDEN GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE BRACHO
Tras las revelaciones realizadas por Yecika Magle Bracho, la abogada Alejandra Peralta Merlo sostuvo que el Estado paraguayo debe garantizar la seguridad física de la mujer, debido a la información que habría proporcionado sobre el funcionamiento de la presunta red.
El caso ya se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, a partir de una denuncia presentada por el comunicador Hugo Portillo, con el patrocinio de los abogados Ezequiel Santagada y Cecilia Pérez.
La pericia del teléfono celular aparece ahora como uno de los elementos que podría aportar nuevos datos sobre las personas que eventualmente participaron en la organización, financiamiento y ejecución de las campañas denunciadas. Los resultados de este procedimiento serán determinantes para establecer si las acusaciones cuentan con sustento y determinar eventuales responsabilidades.
