Un grupo de ciudadanos de Ciudad del Este presentó una nueva denuncia contra el intendente Miguel Prieto Vallejos, acusándolo de nepotismo y tráfico de influencias en la Municipalidad. La acción legal, patrocinada por el abogado Samir Sánchez, fue ingresada ante el Ministerio Público y se suma a las 43 denuncias previas contra el jefe comunal.
Los denunciantes señalan que Prieto designó a familiares directos en cargos públicos, incumpliendo la Ley N° 5295/2014, modificada por la Ley N° 7302/2024, que prohíbe contratar a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También invocaron la Ley N° 2523, que sanciona el tráfico de influencias en la función pública.
Entre los señalados están Martín Vallejos Ferreira (auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica), Carlos Raúl Vallejos Balbuena y Meribeb Alonzo Vallejos (herreros en Obras Municipales), y Sergio David Prieto Figueredo (fiscal de Obras Particulares), todos primos del intendente. Según la denuncia, estos familiares ocupan puestos públicos y reciben salarios sin justificar adecuadamente sus roles.
Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía una investigación exhaustiva, incluyendo la revisión de resoluciones de contratación, pagos y funciones de los mencionados durante 2023, 2024 y 2025. También pidieron evaluar otras posibles conductas punibles que surjan en la investigación. Como prueba, presentó listados de funcionarios, copias de documentos del portal municipal y un dispositivo con información adicional, reservándose el derecho de ampliar la denuncia.
La denuncia lleva las firmas de Oscar Nicolás Delvalle, Gricelda Fernández Román, Valentina Giménez Torres y Rogelio Núñez.
Antecedentes judiciales
Prieto ya enfrenta dos procesos en etapa intermedia por presunta lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal, relacionados con compras irregulares. Uno de los casos más graves implica la adquisición de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia, con un supuesto perjuicio de G. 1.769.790.000. Además, se le acusa de un daño patrimonial de G. 306 millones en otra licitación presuntamente manipulada, según el Ministerio Público.
Fuente: UH