El agente fiscal Francisco Javier Martínez, asignado de manera interina a dos casos de gran relevancia en la región, brindó detalles sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el accidente de tránsito con derivación fatal que involucra al concejal municipal Freddy Ortega y el derrumbe de un edificio en construcción. En una entrevista reciente, el fiscal destacó los procedimientos en curso y los desafíos que enfrenta el Ministerio Público para esclarecer ambos hechos.
Caso Freddy Ortega: Homicidio culposo y omisión de auxilio
El pasado sábado, un accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de una persona de apellido Arauco. Según la carpeta fiscal, el concejal Freddy Ortega es el principal sospechoso, imputado por homicidio culposo y omisión de auxilio. La imputación sostiene que Ortega conducía el vehículo que atropelló a la víctima y, posteriormente, se dio a la fuga, presentándose en la comisaría de Caguarú al día siguiente con su vehículo.
El fiscal Martínez, quien asumió la causa de manera interina debido a un procedimiento de recusación en curso, explicó que ya ha iniciado diligencias para recabar pruebas. Entre las acciones realizadas, destacó su visita a la estación de servicio Las Juanas, donde se presume que Ortega estuvo con otras personas antes del accidente. Allí se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales serán entregadas tras la presentación de un oficio formal. Además, se realizaron recorridos en las cercanías del lugar del hecho para verificar cámaras de circuito cerrado y se inspeccionó el vehículo involucrado, que se encuentra en la comisaría.
Martínez también señaló que se está citando a personas que estuvieron con Ortega el día del accidente para que brinden su testimonio. Aunque Ortega negó ser el conductor, el fiscal indicó que no hay evidencia en la carpeta fiscal que apunte a otra persona como responsable. Además, el abogado del concejal habría manifestado la intención de llegar a un acuerdo con los familiares de la víctima, asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido.
En cuanto a la situación legal de Ortega, el fiscal anterior solicitó medidas alternativas a la prisión, y el juzgado fijó el 9 de mayo como fecha para la imposición de medidas. Sobre la posibilidad de un acuerdo con los familiares, Martínez aclaró que, en casos de homicidio culposo, la ley permite la extinción de la acción penal por conciliación. Sin embargo, la omisión de auxilio es un delito de acción penal pública, por lo que el Ministerio Público continuará investigando, independientemente de cualquier arreglo económico.
El fiscal enfatizó que no existe una denuncia formal por parte de los familiares de la víctima, ya que la investigación se inició de oficio tras el informe policial. Esto, según Martínez, no afecta la posibilidad de conciliación, pero la actuación del Ministerio Público seguirá su curso para sancionar al responsable.
Caso Derrumbe de Edificio: Obstáculos en el peritaje
En paralelo, el fiscal Martínez está a cargo de la investigación sobre el derrumbe de un edificio en construcción, un caso que ha generado preocupación en la comunidad. El equipo de trabajo busca determinar la responsabilidad de los involucrados, pero enfrenta un obstáculo significativo: la falta de un laboratorio especializado para analizar los materiales utilizados en la construcción.
Martínez explicó que el Ministerio Público necesita realizar un peritaje técnico para evaluar la calidad y cantidad de materiales, como cemento y arena, usados en las columnas, soportes y paredes del edificio. Sin embargo, el laboratorio forense del Ministerio Público no cuenta con los recursos necesarios para este tipo de análisis, y encontrar un laboratorio externo ha sido complicado. Actualmente, se están solicitando presupuestos de al menos dos o tres laboratorios para presentarlos al fiscal general del Estado, quien decidirá qué empresa realizará el estudio.
El fiscal señaló que el Ministerio Público asumirá los costos del análisis, pero aún no se ha establecido un presupuesto específico ni una fecha límite para la presentación de los resultados. Aunque no hay imputados hasta el momento, Martínez indicó que los elementos recabados apuntan a posibles causas del derrumbe, y el dictamen técnico será clave para identificar a los responsables.
Desafíos y próximos pasos
Ambos casos reflejan los retos que enfrenta el Ministerio Público en la recolección de pruebas y la asignación de recursos. En el caso de Freddy Ortega, la investigación depende de la verificación de testimonios y grabaciones, mientras que en el derrumbe del edificio, el peritaje técnico es crucial para avanzar hacia imputaciones formales.
El fiscal Martínez, cuya asignación interina en el caso Ortega podría concluir una vez resuelto el procedimiento de recusación, subrayó la importancia de mantener la continuidad en las investigaciones. En el caso del edificio, la búsqueda de un laboratorio confiable sigue siendo una prioridad para esclarecer las circunstancias del colapso.
A medida que ambos casos avancen, la ciudadanía espera respuestas claras sobre las responsabilidades en estos hechos que han conmocionado a la región. El Ministerio Público, bajo la dirección de fiscales como Martínez, continúa trabajando para garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
