La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) anunció que promoverá un recurso de inconstitucionalidad si el Gobierno aprueba un acuerdo para suministrar energía eléctrica a la empresa Atome con una tarifa de US$ 30 por megavatio hora (MWh) durante un plazo de 15 años. El gremio considera que ese precio está muy por debajo de la tarifa técnica y generaría importantes pérdidas para la estatal.
El presidente de la UIA, Manuel Mettel, explicó que la propuesta impulsada por el gremio es establecer una tarifa de US$ 44 por MWh, a la que se sumarían US$ 12 por concepto de cesión de energía, alcanzando un total de US$ 56 por MWh para la empresa. Además, plantean que los contratos tengan una duración de entre dos y tres años, con revisiones periódicas de la tarifa técnica.
Mettel señaló que también se analiza incorporar un mecanismo de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de preservar el valor de la tarifa frente a la inflación y evitar que pierda poder adquisitivo con el paso del tiempo.
Según el dirigente, aceptar la propuesta de Atome representaría una pérdida estimada de US$ 30 millones por año para la ANDE, lo que equivaldría a unos US$ 450 millones durante los 15 años de vigencia del contrato. A su criterio, ese perjuicio económico no sería compensado por la inversión industrial anunciada por la compañía.
Asimismo, cuestionó el impacto que tendría el proyecto en la generación de empleo y en la infraestructura eléctrica. Indicó que la mano de obra necesaria para operar este tipo de industrias es reducida y que no observan una inversión de gran magnitud que justifique otorgar una tarifa preferencial.
Ante este escenario, la UIA adelantó que, en caso de concretarse el acuerdo con las condiciones planteadas por Atome, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad. Mettel sostuvo que contratos de largo plazo con tarifas bajas podrían trasladar mayores costos a los demás usuarios del sistema eléctrico en los próximos años.
El presidente de la UIA también vinculó la reciente salida de Félix Sosa de la presidencia de la ANDE con el proceso de renovación de contratos con empresas criptomineras, cuyas tarifas vencen en 2027. El gremio propone limitar a 700 megavatios la potencia destinada a este sector, con el fin de preservar la capacidad energética del país y evitar inversiones aceleradas en nuevas fuentes de generación.
Finalmente, Mettel indicó que la salida de Sosa tomó por sorpresa al gremio, aunque reconoció que existían fuertes intereses en torno a las negociaciones energéticas. Sobre el nuevo titular de la ANDE, Miguel Báez, señaló que se trata de un exfuncionario con amplia trayectoria dentro de la institución y que la UIA aún no ha mantenido una reunión oficial con él. También afirmó desconocer si el anterior presidente de la estatal recibió presiones para firmar el acuerdo con Atome antes de dejar el cargo.
Fuente: ABC
