El intendente de Luque, Carlos Echeverría Estigarribia (45), fue imputado por la fiscala Laura Ramírez por el supuesto incumplimiento de una orden judicial relacionada con la entrega de documentos sobre la venta de un terreno municipal.
La investigación se inició a partir de un amparo presentado por Alcides Natividad Núñez Albera, mediante su abogado Rudy Núñez, para acceder a los documentos vinculados a la venta de un inmueble municipal identificado con la cuenta corriente catastral 27-7898-01, adquirido mediante compra directa por el Club Natividad Núñez Pérez.
El caso llamó la atención debido a la existencia de dos resoluciones municipales N.º 448/2023 con el mismo contenido, pero con montos de venta diferentes. En una se establece un valor de G. 146.400.000, mientras que en la otra figura G. 46.400.000, generándose una diferencia de G. 100 millones.
Orden judicial
Ante la falta de respuestas por parte de la Municipalidad de Luque, el juez de Garantías N.º 2 de Capiatá, Juan Oviedo, emitió una sentencia el 20 de enero de 2026, mediante la cual ordenó a la Comuna entregar, en un plazo de 15 días, toda la documentación relacionada con la operación.
Entre los documentos solicitados se encuentran copias autenticadas de ambas resoluciones, una explicación sobre la diferencia de montos, facturas, comprobantes de ingresos, registros contables y el legajo completo que respalda la transacción.
También se requirió la resolución del 30 de junio de 2023, que autorizó el pago fraccionado, además de las actas y videos de las sesiones de la Junta Municipal y de la Comisión de Hacienda en las que se trató la adjudicación.
Según la Fiscalía, pese a que la Municipalidad fue notificada, la documentación requerida no habría sido entregada en cumplimiento de la orden judicial. Ante esta situación, el juez remitió los antecedentes al Ministerio Público en abril de este año.
Pedido de medidas
La fiscala Laura Ramírez imputó a Echeverría por el supuesto delito de desacato de una orden judicial y solicitó al Juzgado la aplicación de medidas mientras avanza la investigación.
Entre las medidas requeridas figuran la obligación de comparecer mensualmente ante el Juzgado, la prohibición de salir del país y la imposición de una fianza real idónea.
El Ministerio Público solicitó además un plazo de seis meses para desarrollar las diligencias investigativas y esclarecer las circunstancias relacionadas con el presunto incumplimiento de la orden judicial y la documentación de la venta del inmueble municipal.
La imputación constituye una etapa inicial del proceso y no implica una declaración de culpabilidad del intendente, cuya situación deberá ser definida conforme avance la investigación judicial.
