El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, ha solicitado su absolución en el proceso penal que enfrenta junto a otros cinco acusados, en relación con el presunto desvío de G. 5.105 millones de los fondos de emergencia destinados a la lucha contra la pandemia de Covid-19 en 2020. A través de sus abogados, González Alegre argumentó en los alegatos finales que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para sostener la acusación, y destacó que durante el juicio oral se demostró la existencia de las 14 obras financiadas con los mencionados fondos, refutando así las alegaciones de «obras fantasmas».
Los abogados Bernardo Villalba, Idilio Acosta y Fausto Portillo defendieron al exgobernador, enfatizando que no se pudo probar el desvío de recursos. Villalba, en particular, señaló que los cuestionamientos sobre la inexistencia de las obras fueron desmentidos en el juicio, y subrayó que las facturas de los proyectos fueron presentadas correctamente.
La defensa de los otros acusados también presentó alegatos similares. Los abogados de Javier Marcelo Rojas Giménez y Luis Eduardo Allende Araujo, igualmente pidieron la absolución de sus defendidos, cuestionando la investigación llevada a cabo por la fiscalía.
Este caso, conocido como «obras fantasmas», ha sido uno de los más sonados en la política paraguaya, con la Fiscalía solicitando una condena de ocho años de cárcel para Hugo Javier González, a quien se le imputa por lesiones de confianza, asociación criminal y el uso de documentos no auténticos. Los fiscales también pidieron penas de prisión para otros involucrados, entre ellos el exasesor Miguel Ángel Robles Ibarra, considerado el supuesto “cerebro” del esquema delictivo.
La fiscalía sostiene que los fondos destinados para obras sociales fueron desviados mediante la presentación de facturas falsas, lo que causó un daño patrimonial significativo a la Gobernación de Central. Según la acusación, los desembolsos fueron autorizados por González y su equipo para la ejecución de proyectos sin detalles claros sobre las obras, y sin justificación adecuada de los fondos.
El juicio, que comenzó en junio de 2024, continúa este viernes 3 de enero, con los alegatos finales de las defensas de los restantes acusados. El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Karina Cáceres, tiene previsto deliberar y emitir su veredicto entre el 3 y el 4 de enero.
Este caso pone en evidencia la controversia en torno a la gestión de Hugo Javier González, quien fue criticado por varios sectores, incluido un exconcejal, quien calificó su administración como una «industria de desvío». Con el veredicto cercano, se espera que este proceso marque un hito en la lucha contra la corrupción en Paraguay.
