Silvia Antonella Ovelar Ayala dejó el cargo de asistente jurisdiccional del Poder Judicial luego de que se difundieran registros que señalaban numerosas inasistencias y llegadas tardías. Su renuncia fue aceptada y será efectiva desde el 1 de noviembre.
Silvia Antonella Ovelar Ayala, hija del senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, presentó su renuncia al cargo de asistente jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, en medio de cuestionamientos públicos por el cumplimiento de su horario laboral.
La desvinculación fue aceptada por el Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial mediante la Resolución N.º 1545, fechada el 26 de octubre de 2026 y firmada por los ministros de la Corte, incluido su presidente, Alberto Joaquín Martínez Simón.
Según el documento oficial, Ovelar Ayala solicitó dejar el cargo de Asistente Jurisdiccional II del Área Estrategia y Apoyo Institucional de Apoyo a la Gestión Jurisdiccional por motivos particulares. La renuncia tendrá vigencia a partir del 1 de noviembre. La resolución no menciona los cuestionamientos relacionados con sus registros de asistencia.
Registros reportaron ausencias y llegadas tardías
La salida de la funcionaria, de 22 años, se produce días después de que varios medios de comunicación difundieran datos de un informe de la Dirección General de Capital Humano de la Corte Suprema de Justicia, en el que se consignaban numerosas ausencias, llegadas tardías y permisos durante el periodo en que ocupó el puesto.
De acuerdo con las publicaciones basadas en dicho informe, Ovelar Ayala ingresó al Poder Judicial el 1 de febrero de 2026 mediante un nombramiento interino, con una remuneración mensual de G. 3.266.690. Los registros indicaban que durante la primera quincena de febrero no se presentó a trabajar y que en ese mes solamente registró cuatro días de asistencia. También se reportó una presencia limitada durante agosto y septiembre.
Las ausencias figuraban bajo distintas categorías, entre ellas días no trabajados aprobados, permisos e inasistencias injustificadas. Asimismo, el informe señalaba que las faltas registradas hasta agosto fueron remitidas a las dependencias correspondientes para evaluar posibles descuentos salariales o la apertura de sumarios administrativos.
Hasta el momento al que hacen referencia las publicaciones, la funcionaria no registraba sanciones formales, pese a los antecedentes consignados en el informe.
La renuncia pone fin a su vínculo laboral con el Poder Judicial, mientras los cuestionamientos sobre los registros de asistencia vuelven a instalar el debate sobre los mecanismos de control y la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos.
