El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ha revelado alarmantes denuncias de tortura en el Penal de Itapúa, con un total de 36 casos documentados entre abril y agosto de este año. Las víctimas, todas personas privadas de libertad, han reportado haber sufrido torturas físicas que incluyen agresiones en los dedos, golpes en las manos y en los glúteos, lo que ha generado una fuerte preocupación por la situación de los derechos humanos en el centro penitenciario.
Las investigaciones preliminares señalan a un reo que estaría administrando tres pabellones dentro del penal como uno de los responsables de estos actos de violencia. Ante la gravedad de los hechos, el MNP ha solicitado la separación del cargo del abogado Pedro Javier Rodas, director del centro, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.
Además, se ha recomendado la separación de funciones del jefe y subjefe de seguridad, quienes, según las denuncias, habrían delegado la autoridad disciplinaria a otros internos, permitiendo así la comisión de torturas y otros abusos. Esta delegación de poder, según el MNP, es una de las causas principales que ha facilitado la ocurrencia de estos actos de mutilación dentro del penal.
El MNP también ha recibido denuncias sobre un presunto esquema de venta de pabellones a personas privadas de libertad, lo que implicaría la participación de funcionarios del centro en actividades que generan beneficios económicos ilícitos a costa de la integridad física y psicológica de los internos.
Frente a esta situación, el MNP ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que actúen con celeridad y garanticen el respeto y protección de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. La organización ha subrayado la necesidad de que la investigación sea exhaustiva y transparente para asegurar justicia para las víctimas y prevenir futuras violaciones de derechos humanos en el penal de Itapúa.
Este caso ha generado una profunda preocupación en la sociedad y ha puesto de relieve la necesidad de reformas estructurales en la gestión de los centros penitenciarios del país, con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier práctica que atente contra la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad.
