El Poder Ejecutivo puso a disposición de la ciudadanía el borrador del proyecto de ley que propone la creación del Ente Regulador de Energía (ERE), organismo que tendrá la responsabilidad de regular, fiscalizar y controlar las actividades vinculadas con la electricidad, los hidrocarburos, el gas y los biocombustibles.
La propuesta, que todavía se encuentra en etapa de borrador preliminar, está disponible en la plataforma oficial energia.paraguay.gov.py, donde ciudadanos, gremios, especialistas y representantes del sector pueden presentar comentarios y sugerencias antes de que el documento sea remitido al Congreso Nacional.
El ERE sería constituido como una entidad autónoma y autárquica, con patrimonio propio y personalidad jurídica de derecho público. Su objetivo será promover un funcionamiento transparente y eficiente del sector energético, bajo principios de seguridad jurídica, competencia, equidad, sostenibilidad, neutralidad tecnológica y no discriminación.
Entre sus principales atribuciones se encuentra la definición de metodologías para calcular tarifas y peajes de electricidad, gas natural, gas natural licuado e hidrógeno. También podrá fiscalizar técnica y contablemente a las empresas prestadoras de servicios, aprobar condiciones para licitaciones y supervisar la aplicación de la tarifa social de energía.
El proyecto contempla además un régimen de sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones. Las infracciones estarán clasificadas como leves, graves y muy graves, con multas que podrían alcanzar hasta 50.000 jornales mínimos. En los casos de mayor gravedad y ante determinadas conductas, incluso se contempla la posibilidad de revocar licencias.
Las tasas regulatorias alcanzarían a todos los agentes del sector, incluyendo a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (Petropar). Para el sector eléctrico, el proyecto establece que la tasa no podrá superar el 2% de la facturación por el servicio.
DIRECTORIO Y REVISIÓN DE TARIFAS
La conducción del nuevo organismo estaría a cargo de un Directorio integrado por tres miembros titulares y tres suplentes. Los integrantes deberán ser paraguayos, mayores de 35 años y contar con formación en ingeniería, economía o derecho, además de experiencia técnica comprobada en el sector energético.
Los directores serían designados por el presidente de la República a partir de ternas surgidas de un concurso público de oposición. Tendrán mandatos de seis años, con posibilidad de una sola reelección y renovación escalonada para garantizar continuidad institucional.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que deberá realizarse como máximo cada dos años para establecer las tarifas destinadas a los usuarios finales, considerando costos eficientes, estructura de capital y calidad del servicio.
Antes de aprobar o modificar tarifas, precios, peajes o cánones, el ERE deberá convocar a una audiencia pública con al menos 30 días de anticipación.
El proyecto también prevé un Plan de Medición Inteligente, mediante el cual los distribuidores eléctricos deberán instalar medidores inteligentes dentro de los tres años posteriores al inicio de operaciones del ente regulador.
CIUDADANÍA PODRÁ PROPONER CAMBIOS
El Gobierno habilitó el espacio denominado “Suma Ideas” dentro de la plataforma de la Mesa Eléctrica Nacional para que la ciudadanía pueda revisar el contenido del proyecto y realizar aportes antes de su tratamiento legislativo.
Para participar, los interesados deberán ingresar mediante Identidad Electrónica y acceder a la sección “Mis propuestas”. Allí podrán seleccionar el apartado correspondiente a la Mesa Eléctrica Nacional y formular sus observaciones.
El mecanismo permite indicar la página, capítulo y sección del proyecto a la que hace referencia el comentario, además de proponer un texto alternativo y aportar información complementaria.
La iniciativa para crear el ERE surgió luego de la primera reunión de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, realizada el 13 de agosto en Mburuvicha Róga y encabezada por el presidente Santiago Peña, con participación de técnicos, empresarios y académicos vinculados al sector.
De ser aprobado por el Congreso, el proyecto establece un plazo de 120 días para la reglamentación del nuevo organismo. Con esta apertura del borrador, el Ejecutivo busca recoger propuestas antes de presentar formalmente la iniciativa al Poder Legislativo.
